El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha solicitado la retirada de 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, de los cuales más de 6.500 ya han sido bloqueados, 4.500 de ellos en Madrid. Así lo ha anunciado este viernes el ministro Pablo Bustinduy, quien ha denunciado que algunas grandes plataformas digitales continúan mostrando estos alojamientos en el extranjero, lo que permite que puedan seguir reservándose pese a las restricciones aplicadas en España.
El ministro ha dirigido sus críticas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha exigido que actúe contra los pisos turísticos que operan al margen de la normativa. “¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres”, ha señalado Bustinduy.
El responsable de Consumo también le ha reclamado que “cumpla con su trabajo” y que “deje de servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales”.
La proliferación de pisos turísticos agrava la presión sobre el alquiler
La actuación del Ministerio se enmarca en el endurecimiento de los controles sobre los alojamientos turísticos, cuya expansión ha intensificado el debate sobre el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. En mercados como Madrid, donde la elevada demanda residencial convive con una importante actividad turística, la utilización de inmuebles para estancias de corta duración puede reducir la oferta disponible para alquileres convencionales, especialmente en los barrios céntricos.
No obstante, la retirada de anuncios no supone que esas viviendas vuelvan al mercado residencial, ya que algunos inmuebles pueden aparecer publicados en varias plataformas y sus propietarios no están obligados automáticamente a destinarlos al alquiler de larga duración. El impacto de estas medidas dependerá de la capacidad de las administraciones para garantizar el cese efectivo de las actividades irregulares.
La prórroga de los alquileres hasta 2029 beneficiaría a cinco millones de personas
Por otra parte, Bustinduy ha celebrado la convalidación parlamentaria del decreto ley de vivienda, destacando especialmente la prórroga de los contratos de alquiler que vencen hasta 2029. Según las estimaciones expuestas por el ministro, cinco millones de personas podrían beneficiarse de esta medida, con un ahorro medio superior a los 4.000 euros durante los próximos años.
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El Ejecutivo considera que la combinación de medidas de protección a los inquilinos y una mayor vigilancia sobre los alojamientos turísticos puede contribuir a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. Sin embargo, sigue pendiente determinar cuántos de los inmuebles afectados por las actuaciones de Consumo acabarán destinándose a vivienda habitual y qué efecto real tendrá esta intervención sobre los precios del alquiler.