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PGE 2022: las 5 claves de los Presupuestos Generales del Estado

El desbloqueo de la ley de vivienda permite a la coalición gubernamental PSOE - Unidas Podemos sacar oficiosamente adelante el gran objetivo de la agenda política del curso.

Presupuestos Generales del Estado
Javier Martín
Javier Martín
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Sobre la bocina, y de forma oficiosa, pero el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ya tiene el boceto definitivo de los principales brazos ejecutores de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022. Todo dependía del desbloqueo en la negociación en la ley de vivienda, en la que los socialistas acabaron cediendo ante las líneas rojas que mostró la formación morada en sus innegociables peticiones.

Nueve meses de retraso en esas negociaciones particulares que han taponado un anuncio, el de los PGE, que debería haber llegado oficialmente el 5 de octubre, como marcaba la agenda política, pero que las distintas fricciones y desacuerdos, finalmente solucionadas con cooperación mutua, retrasará hasta hoy día 7 su tramitación parlamentaria en Consejo de Ministros. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero de 2022.

Un ‘toma y daca’ en beneficio común que ha permitido que Podemos gane la particular ‘batalla’ de la burbuja del alquiler y el bono joven que ha acabado aceptando el PSOE, pero con derrota colateral en la de incluir el ‘paquete familiar’. Este incluía propuestas como el ‘cheque bebé’, una prestación universal de 1.200 anuales para madres con hijos de cero a tres años, o el aumento del permiso por maternidad y paternidad de 16 a seis meses. Medidas por las que ha estado luchando hasta el final, pero que Hacienda ha rechazado presupuestariamente.

Las claves de los Presupuestos Generales del Estado 2022

1. 25.000 millones de euros de fondos europeos

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños avanzó las directrices del plan que orientar el camino económico del país para el año que viene y en el que se incluirán la segunda partida de fondos europeos destinados a una recuperación “justa” tras los daños consecuente de la pandemia de Covid-19.

La intención, en sus palabras, es “fortalecer la economía y hacerla más sólida y sostenible”. Para ello recalca como “vitales” esos 25.622 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Más teniendo en cuenta que serán los primeros presupuestos de la historia en los que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social, clave para poder revalorizar las pensiones conforme a la subida del IPC.

2. Gasto estructural elevado y política económica expansiva

196.142 millones de euros será, a falta de confirmación oficial, la cifra presupuestaria para 2022. Un techo de gasto, como se conoce popularmente al límite de gasto no financiero, que superará en un 2% a las cuentas públicas aprobadas para este 2021. En ellos se incluyen esa partida mencionada de fondos europeos y también la novedosa suma de 18.396 millones de euros que se va a inyectar por necesidad a la Seguridad Social.

Ese tenue crecimiento respecto al año pasado se debe a la posposición de las nuevas medidas fiscales que tenía preparadas el Ejecutivo y que reducen el caudal económico, obligando a focalizar los esfuerzos. También influyen las leves previsiones de crecimiento, del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022, y del déficit público, del 8,4% del PIB este año y el 5% el próximo. Para compensarlo, se apuesta todo a la baza de los fondos europeos.

3. Vivienda

La patata caliente de los presupuestos ha acabado con un “acuerdo intermedio”, como afirman desde el Gobierno, convertido en palanca clave para desencadenar el resto de acuerdos. La entrada en juego de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acabó resultando clave para acercar en tan solo horas las posturas que habían parecido improbables de acercar en casi dos años de negociación entre PSOE y Podemos y nueve meses de retraso oficial.

Los socialistas, que lo habían firmado en el anteacuerdo en su momento, se echaron finalmente atrás ante la medida de limitar los precios de los alquileres que imponía como condición indispensable el partido liderado por entonces por Pablo Iglesias por la inseguridad e incertidumbre jurídica que, a su juicio, generaba.

Así que contraofertó con ayudas directas a la “vulnerabilidad” para la adquisición de vivienda más allá de las deducciones fiscales al IRPF. Entre ellas, el bono joven de ayudas al alquiler de 250 euros al mes para aquellos de 18 a 35 años con posibilidad de un aumento de dicho importe del 40% en casos familiares.

Finalmente, ante la negativa de los morados y su acusación de defensa a sus socios gubernamentales de defender a los fondos inversión y buitre, el PSOE se vio obligado a optar por el alfiler medio para pinchar la burbuja del alquiler: regularizar los precios solo a los grandes propietarios, con más de diez inmuebles en posesión.

4. Subida del sueldo de los funcionarios

Hacienda propuso a los funcionarios y empleados públicos una subida salarial del 2% para el 2022, además de una de más allá del 100% de la tasa de reposición, que marca el porcentaje de vacantes en el empleo público y que pretendía establecer, grosso modo, que se engrosaría la plantilla laboral de la Administración.

De momento, la partida continúa sobre el tablero, ya que los sindicatos han rechazado la propuesta por considerar insuficiente el aumento salarial debido al mayor aumento respecto a este del IPC (en el 4% en septiembre) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo, que según ellos es acumulativo. Asimismo, reclaman la eliminación de la tasa de reposición y la imposición de un sistema fijo de revalorización del sueldo.

5. Impuesto de sociedades

Otra de las líneas rojas que impuso Ione Belarra, la líder de Podemos, y con la que ha tirado de la manta para acabar destapándose los pies. Hacienda y Economía aceptaron adelantar su hoja de ruta, que marcaba el 2023 como el año del cambio fiscal agresivo, para implantar en los PGE de 2022 una versión más light que contemplaba un tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15%, con la particularidad de hacerlo solo a las grandes empresas.

Una medida que ya sugirió Joe Biden y también la OCDE y sobre la que queda concretar si se aplicará a al importe contable o a la base imponible, conllevando esta última opción menos recaudación por afectar a un menor número de empresas.