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Las elecciones del 29 de noviembre paralizan estas reformas y medidas laborales que afectan a millones de trabajadores

El nuevo registro horario y la subida del Salario Mínimo Interprofesional son dos de las medidas que todavía podrían aprobarse antes de las elecciones.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su secretario general, Joaquín Pérez Rey
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su secretario general, Joaquín Pérez Rey |Europa Press
Esperanza Murcia
Fecha de actualización:

Las elecciones del 29 de noviembre dejaron varias incógnitas en el ámbito laboral. Y es que el Ministerio de Trabajo cuenta con una larga lista de tareas ‘pendientes’. Inevitablemente, la convocatoria paraliza la aprobación de leyes y normas que, hoy por hoy, no se sabe si verán finalmente la luz. La disolución de las Cortes provoca la caducidad de todos los proyectos de ley o iniciativas en trámite, tal y como establece el artículo 207 del Reglamento del Congreso.

Por ello, desde USO han querido repasar todas las leyes laborales pendientes que quedan sin aprobarse con la convocatoria de elecciones generales. Comenzando por una de las medidas más destacadas del último año por el departamento de Yolanda Díaz, encontramos la reforma del registro horario.

En términos legales, como ya explicó ‘NoticiasTrabajo’, esta reforma sí que podría salir adelante a pesar de la disolución de las Cortes. Es así porque está diseñada como un Real Decreto y no como un proyecto de ley. Por este motivo, no necesita ser convalidada en el Congreso ni por la Diputación Permanente, que es lo que existe ahora.

Ahora bien, la duda está en si el Gobierno tiene culminado el Real Decreto y si tiene intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de las elecciones. A principios de mes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, respondió a este medio que “a lo largo del mes de octubre”, esperaban “despejar definitivamente el camino al Consejo de Ministros”, destacando que se trata de una medida muy importante para frenar “los abusos que se concentran en la realización de horas extraordinarias no pagadas o excesos de jornada habituales”.

Su retraso, ya que su tramitación urgente se aprobó hace más de un año, se debe a que Trabajo tuvo que solucionar las deficiencias señaladas por el Consejo de Estado. En este sentido, Pérez Rey aseguró que daban ese trabajo por “culminado”, por lo que habrá que ver si deciden aprobar la medida antes de las elecciones. UGT así lo pidió, señalando su secretario general, Pepe Álvarez, que es “una de las cuestiones imprescindibles a resolver antes de que se constituya el nuevo Parlamento”.

Leyes que afectan a los trabajadores y sí quedan paralizadas por las elecciones

A la espera de ver qué ocurre finalmente con el registro horario, hay leyes que, por su diseño, sí quedan paralizadas por la convocatoria de elecciones. Son las siguientes, tal y como ha recopilado USO:

  • Jornada de 37,5 horas, con la que se buscaba reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Estaba de nuevo en revisión tras contar una primera ronda con los votos en contra de PP, VOX y Junts. Desde USO piden ir más allá y alcanzar las 35 horas semanales.
  • Estatuto del Becario, o de las personas en formación práctica laboral. Reforzaba los derechos de quienes realizan prácticas y evitar que las empresas utilicen a los becarios para cubrir puestos de trabajo. “Llevamos años reclamando acabar con los falsos becarios, limitar las horas de prácticas, garantizar sus jornadas y turnos, proteger frente al acoso y garantizar su salud y derechos laborales”, indican desde el sindicato.
  • Reforma del despido para adaptarlo a la Carta Social Europea. Se pretendía revisar el actual sistema de despido para garantizar indemnizaciones adecuadas y disuasorias. Esta reforma se encontraba todavía en diálogo social, explicando Pérez Rey a este medio que estaban trabajando en trasladar la propuesta que presentaron CCOO y UGT en un texto normativo y articulado. Un trabajo que indicó que no es sencillo porque supone un cambio “muy profundo” en la regulación del despido.
  • Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de Servicios de Prevención. La nueva regulación debía actualizar la prevención ante los nuevos riesgos laborales y reforzar la protección de los trabajadores, con especial atención a los riesgos psicosociales.
  • Proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores para la jubilación anticipada sin penalización para quienes acrediten más de 40 años cotizados. La iniciativa pretendía evitar que quienes han tenido carreras de cotización especialmente largas sufran penalizaciones al acceder a la jubilación anticipada.
  • Bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla. La medida buscaba reforzar los incentivos a la contratación y el mantenimiento del empleo en ambas ciudades autónomas mediante reducciones de las cotizaciones empresariales.

De cara al trabajador, también queda paralizada la Ley de Familias. Esta norma pretendía reconocer y proteger la diversidad familiar y ampliar los derechos vinculados a cuidados, conciliación y crianza. Por ejemplo, se recogía que las Administraciones Públicas promovieran medidas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles, que pudierann contribuir “a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, tanto en el sector público como en el privado”. 

¿Qué pasa con el Salario Mínimo Interprofesional?

Por su diseño, la subida del SMI sí podría aprobarse antes de las elecciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó la semana pasada a la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional para abordar su subida en 2027. Su departamento propone un incremento del 4,9%, por debajo del 7% que reclaman CCOO y UGT.

Aunque la comisión todavía no ha presentado su propuesta, Díaz espera recibirla antes de noviembre o a principios de ese mes, en cualquier caso antes de las elecciones del 29 de noviembre. La ministra no aclaró si la subida podría aprobarse antes de los comicios, pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado esta semana que sí es posible. 

Este movimiento no ha sido recibido de buen grado por parte de la patronal y, este jueves, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi criticó que el Gobierno aproveche su “poder” para impulsar una subida del salario mínimo en pleno periodo electoral. “Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos”, denunció.