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Entra en vigor la ‘Ley crea y crece’ para facilitar la creación y crecimiento empresarial

El Gobierno permitirá que se constituya una empresa con un capital inicial de 1 euro frente a los 3.000 euros necesarios hasta el momento. Además, se generaliza el uso de la factura electrónica.

Entra en vigor la ‘Ley crea y crece’ para facilitar la creación y crecimiento empresarial
Ley Crea y Crece para impulsar a las pymes españolas
Isabel Gómez
 

La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, más conocida como la 'Ley Crea y Crece', entra hoy en vigor, un mes después de su publicación en el BOE. El fin será el de reforzar a las empresas españolas por parte del Gobierno de España. Entre sus objetivos también estará el de dar respuesta a las peticiones de los diferentes organismos internacionales, por lo que se sitúa como una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su centro de actuación se encuentran las pequeñas y medianas empresas españolas (pymes), es decir, alrededor del 98% del tejido empresarial español. Como expresan desde el Gobierno, “la mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización”. Características imprescindibles para incrementar la competitividad.

Sin embargo, esto no será lo único que se regule. El texto legal publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está repleto de matices donde se reducen y agilizan los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL), como se verá a continuación.

Medidas para fomentar el crecimiento de las empresas en la nueva ley 

Existen varias medidas que se incluyen en esta ley para impulsar el crecimiento de las empresas. Se reducirá el coste económico y se simplificarán los trámites para su constitución. Así se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros que era necesario hasta el momento. Con esto, los empresarios se parecerán más a los europeos, donde no es necesario un capital mínimo para emprender con una sociedad.

También se va a facilitar la creación de nuevas compañías a través de una ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) a través de Internet. Lo que se traduce en una reducción de los plazos y los gastos de notaría y registrales.

Entre esas medidas para favorecer el crecimiento de las empresas se van a eliminar las regulaciones innecesarias y se va a impulsar un procedimiento más rápido. Además, se cambiará la Ley de medidas de liberalización del comercio y se incrementará el número de actividades económicas que no necesitan licencia.

Al mismo tiempo, se modificará la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las administraciones públicas y los mecanismos para proteger a las empresas y consumidores frente a otras medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Medidas para luchar contra la morosidad

Las pymes españolas estarán más en el punto de mira en cuanto a la morosidad porque el Gobierno necesita hacer frente a esto. Es la causa que más incidencia tiene en la liquidez y la rentabilidad de muchas compañías. Pero, ¿cómo va a hacerle frente?

Se va a extender la obligatoriedad de dar y recibir facturas electrónicas en cualquier tipo de relación comercial entre empresas y autónomos. En sus memorias anuales deberán incluir el periodo medio de pago a sus proveedores junto al número de facturas pagadas. Lo que se espera es:

  • Garantizar un mayor control de los pagos.
  • Reducir los costes de las transacciones.
  • Avanzar en la digitalización de las empresas.
  • Obtener una información más fiable y rápida en los plazos de pago.

Además, en los casos en los que los empresarios no cumplan con los plazos de pago establecidos por la Ley de Morosidad, no se les permitirá que accedan a subvenciones o ayudas públicas o ser una entidad colaboradora para gestionarlas.

Por último, se estudiará crear un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada con el fin de analizar los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Se promoverá la publicación anual de empresas morosas, es decir, las que no paguen en plazo un porcentaje mayor al 5% de sus facturas y que el importe total de las impagadas sea mayor a los 600.000 euros.

Medidas para reforzar la financiación

Se van a introducir nuevas medidas para mejorar instrumentos de financiación alternativos a la bancaria como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo. 

En el crowdfunding, es decir, la creación de una red de financiación colectiva donde se hacen donaciones a través de internet, se va a flexibilizar para que las plataformas puedan prestar sus servicios en el resto de Europa. Se crearán vehículos para agrupar a los inversores y reducir los costes de gestión. 

En cuanto al capital riesgo, se incrementará el tipo de empresas en las que las entidades puedan invertir. Se incluirán empresas financieras con un alto componente tecnológico. 

Los fondos de deuda van a poder invertir en préstamos o facturas intentando mejorar la financiación de las compañías que hayan visto un deterioro de su estructura financiera por la pandemia. 

Para las Instituciones de Inversión Colectiva se elimina la obligatoriedad del informe trimestral, se establecen los medios telemáticos para que se puedan comunicar con ellos y se va a flexibilizar el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.

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