Podemos y Junts envenenan a Pedro Sánchez con los presupuestos generales de 2023

La regulación de los alquileres, la derogación de la reforma laboral y un nuevo marco fiscal, los ejes de la negociación con la formación morada. El presidente necesita atender las concesiones de los catalanes para aprobar sus segundas cuentas, que le permitirían finalizar su legislatura.

Javier Martín

Con la intención de allanar el camino para agotar su legislatura (en 2023), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por Pedro Sánchez afronta la vuelta del curso político con una patata caliente: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022. Para que se encienda la luz verde deberá recorrer dos caminos, la vía de negociación interna, con sus socios de Unidas Podemos, y la externa, a la vez con el Poder Ejecutivo y los partidos que apoyaron los pasados bloques presupuestarios.

Una vez aprobado el nuevo techo de gasto en los 196.142 millones de euros, en casi todos sus frentes, Sánchez tiene la obligación de limar las asperezas que pudieran ensuciar el algodón de una prueba vital en su continuidad al frente de uno de los Gobiernos de coalición más estables de la historia con la sombra de fondo de la recuperación económica tras una de las crisis sanitarias mundiales más peliagudas que se recuerdan.

El precio de la luz y la ampliación del aeropuerto del Prat para ‘acercar’ a Cataluyna ha crispado a Podemos, mientras que el Ejecutivo vigila con lupa las cuentas públicas tras la considerable inyección presupuestaria de los fondos europeos, de 26.355 millones de euros. Una baza externa que le sirve de comodín y que deberá jugar con inteligencia.

Los requisitos de Podemos

Como brazo ejecutor de unas negociaciones que se espera que comiencen de manera inminente, la formación morada liderada por Yolanda Díaz aprovechará las negociaciones para hacer de la necesidad de sus socios, virtud: impera tres condiciones sine qua non: la regulación de los alquileres, la derogación de la reforma laboral y un nuevo marco fiscal. Para satisfacer estas políticas expansivas de gasto social, son claves los fondos europeos.

En cuanto a la primera, reclama la regularización legal de los alquileres, ahora mismo totalmente fuera de control, y también se opone a la incentivación fiscal para los arrendatarios que pretenden los socialistas. Además, deberán buscar un punto medio entre la demolición total de la reforma laboral de Rajoy que quiere Podemos y la parcial de sus socios parlamentarios. Ya parece haber acuerdo en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inclusión de la reforma fiscal. 

Respecto a este último punto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelantó que solo se incluirán pinceladas preliminares de su plan, el de subir los impuestos de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones y abordar la fiscalidad medioambiental, ya que no espera el informe de la comisión de expertos hasta febrero.

El diálogo con Cataluña

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el bloque exterior gubernamental que necesita Sánchez va de la mano con el diálogo con el independentismo catalán, con el objetivo del reinicio del procès. Tras los guiños emitidos con el apoyo de los indultos y la ampliación del aeropuerto del Prat, el PSOE espera que Junts siga el camino abierto de ERC. De momento, ya se ha reunido con la comisión bilateral y espera retomar en septiembre la actividad con la mesa de diálogo con tal de acercarse a la meta de superar los 189 síes del pasado ejercicio presupuestario.

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