El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una trabajadora que fue despedida por acumular varias ausencias injustificadas, entre ellas la del día en que tuvo que llevar de urgencia a su perra al veterinario para practicarle la eutanasia debido a su grave estado de salud. La empresa consideró que debía haber acudido a trabajar, pero la justicia entiende que se trataba de una situación urgente que no podía esperar a que terminara su jornada laboral. Por ello, considera justificada esa ausencia, aunque el Estatuto de los Trabajadores no contemple un permiso específico para atender a animales de compañía, y confirma que el despido fue improcedente.
En concreto, la sentencia, dada a conocer por Col·lectiu Ronda (que ha representado a la trabajadora), expone que aunque “no existe un permiso o licencia en el Estatuto de los Trabajadores ni en el Convenio [del sector del contact center]” que contemple la necesidad imperiosa de atender a un animal a cargo, estos cuidados forman parte de las responsabilidades y obligaciones legalmente establecidas para los propietarios de animales de compañía.
A ello, sigue el fallo, se suma la existencia de “razones humanitarias, éticas y morales que justifican que se haya priorizado la salud de un animal doméstico que prácticamente agonizaba como consecuencia de su precario estado de salud debido a su edad frente a la obligación de acudir al puesto de trabajo”.
La resolución pone el foco en cómo ha cambiado la relación de las personas con sus mascotas y en las nuevas obligaciones legales que tienen sus dueños. Para los magistrados, esta evolución debe tenerse en cuenta a la hora de valorar situaciones como la que vivió la trabajadora, especialmente cuando existe una urgencia que impide acudir al puesto de trabajo.
La Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños a garantizar los cuidados necesarios
El TSJC explica que, aunque el Estatuto de los Trabajadores no reconoce un permiso específico para atender a una mascota, existen otras leyes que obligan a sus propietarios a cuidar de ellas. En concreto, recuerda que la Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece la obligación de proporcionarles unas condiciones de vida dignas y garantizar que reciban la atención veterinaria necesaria para proteger su salud.
Por este motivo, los magistrados consideran que la trabajadora tenía una razón justificada para ausentarse de su puesto de trabajo, ya que el empeoramiento del estado de salud de su perra fue repentino y requería una intervención urgente. La sentencia señala que se trataba de una “causa de obligado cumplimiento [...] de carácter urgente y sobrevenido”, por lo que la empresa no podía contabilizar ese día como una falta injustificada para despedirla.
Además, el tribunal recuerda que las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta la realidad social de cada momento, tal y como establece el artículo 3.1 del Código Civil. En este sentido, destaca que cada vez son más las personas que consideran a sus animales de compañía parte de su familia, algo que también se ha reflejado en la legislación española.
De hecho, la reforma del Código Civil de 2021 dejó de considerar a los animales como simples bienes materiales para reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. A esto se sumó la aprobación de la Ley de Bienestar Animal en 2023, que reforzó las obligaciones de sus propietarios en materia de protección y cuidados.
Para el TSJC, estos cambios legales tienen consecuencias también en el ámbito laboral, puesto que las obligaciones de cuidar a un animal no pueden ignorarse cuando surge una emergencia. En este caso, entiende que la trabajadora no podía aplazar la atención veterinaria hasta terminar su jornada, ya que hacerlo habría prolongado innecesariamente el sufrimiento de su perra.
Hace falta una regulación específica
Albert Vallribera, abogado de Col·lectiu Ronda que ha representado a la trabajadora, destaca la importancia de esta sentencia, ya que considera que refleja cómo los cambios legales y sociales en la protección de los animales también deben tenerse en cuenta en el ámbito laboral.
“Si reconocemos que los animales son seres sintientes y establecemos la obligación legal de cuidarlos y garantizar las condiciones para una existencia digna y respetuosa, esta responsabilidad también debe tenerse en cuenta y valorarse cuando una persona se ve obligada a ausentarse del trabajo para atender una situación urgente y sobrevenida. La necesidad de evitar el sufrimiento de un animal con el que convivimos tiene una evidente dimensión afectiva, pero también una dimensión jurídica que la empresa no puede ignorar al valorar estos hechos”, ha declarado el abogado, indicando que ahí se encuentra lo pionero de esta sentencia.
“Las obligaciones de cuidado forman parte de la realidad en la que vivimos y el poder disciplinario de la empresa debe ejercerse atendiendo a las circunstancias concretas y a la urgencia de la situación”, añade, exponiendo que igualmente es necesario avanzar hacia una regulación específica que aporte seguridad a los trabajadores.
“La sentencia justifica esta ausencia a efectos disciplinarios, pero todavía nos falta una regulación que establezca cómo deben atenderse estas necesidades excepcionales, urgentes y acreditadas. Es necesario que las personas que tienen un animal a su cargo puedan saber cómo actuar ante una situación como esta, sin que su protección dependa de la voluntad de la empresa o de tener que discutir judicialmente un despido”, concluye.