Las empresas tendrán un plazo máximo de dos meses para informar a los trabajadores sobre los salarios medios de sus compañeros

Los trabajadores podrán solicitar información sobre los salarios medios de sus compañeros y las empresas deberán conservar sus registros retributivos durante cuatro años.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz |Europa Press
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Falta poco más de una semana para que se celebren las elecciones generales pero ello no ha impedido al Gobierno aprobar ciertas normas que tenía pendientes. Una de ellas es la transposición de la Directiva UE 2023/970 de igualdad retributiva que debería haber completado, realmente, el pasado 7 de junio.

Lo ha hecho a través del Real Decreto-ley 39/2026 (en el que también completa la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles), que debe ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso (previsiblemente, el próximo 26 de noviembre, tres días antes de las elecciones), aunque ya esté en vigor.

Con esta norma, se establecen nuevas obligaciones para las empresas en materia de transparencia salarial, con el objetivo de que los trabajadores puedan conocer mejor cómo se determinan sus sueldos y detectar posibles diferencias retributivas entre hombres y mujeres.

Las empresas tendrán un máximo de dos meses para informar sobre los salarios medios de sus trabajadores

El Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 18 de noviembre y en vigor desde el día 19, modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, para reforzar las obligaciones de información salarial y ampliar los mecanismos de control sobre las diferencias de sueldo.

Una de las principales novedades se encuentra en el nuevo artículo 10 del Real Decreto 902/2020, que reconoce el derecho de los trabajadores a solicitar información sobre su propia retribución y sobre los salarios medios de otros empleados que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor.

En concreto, las empresas deberán facilitar estos datos desglosados por sexo, tanto en términos anuales como por hora de trabajo, diferenciando el salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. Esto no significa que cualquier trabajador pueda conocer la nómina individual de un compañero, sino que podrá acceder a información sobre las retribuciones medias.

La solicitud podrá realizarse una vez al año o cuando se produzcan cambios que la justifiquen y la empresa tendrá un plazo máximo de dos meses para responder por escrito. Además, deberá informar, al menos una vez al año, a toda su plantilla sobre este derecho y cómo ejercerlo.

Si la información facilitada es incompleta o contiene errores, el trabajador podrá solicitar aclaraciones adicionales, que deberán recibir una respuesta en 15 días. Este derecho también podrá ejercerse después de abandonar la empresa, siempre que la solicitud se presente dentro del año siguiente al cese y se refiera al periodo trabajado.

Por otro lado, las empresas deberán poner a disposición de su plantilla los criterios utilizados para determinar los salarios y los niveles retributivos de los distintos puestos. En aquellas que tengan 50 o más trabajadores, también deberán facilitar los criterios de progresión salarial, cuando corresponda.

Las empresas no podrán prohibir a sus trabajadores que revelen su sueldo

Otra de las novedades es que las empresas no podrán prohibir a sus trabajadores que revelen cuánto cobran. El nuevo artículo 28.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que serán nulas y sin efecto las cláusulas de los contratos que impidan a los empleados divulgar información sobre su propio sueldo para garantizar el principio de igualdad retributiva. Es decir, una empresa no podrá impedir que un trabajador comparta su salario con otros compañeros para comprobar si existen diferencias salariales injustificadas.

Asimismo, la reforma establece un plazo de tres años para reclamar por discriminación salarial, que comenzará a contar desde el momento en que cese dicha situación, tal y como recoge el artículo 59.3 del estatuto. Este plazo se aplica a las reclamaciones por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva, y no a cualquier reclamación de salarios pendientes, para las que se mantiene, con carácter general, el plazo de un año.

Los registros salariales deberán conservarse durante cuatro años y justificar las diferencias retributivas

La reforma también introduce cambios en el artículo 5 del Real Decreto 902/2020, que regula los registros retributivos. Aunque la obligación de contar con este documento ya existía, ahora se refuerzan sus requisitos y la información que debe contener.

Así, todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán disponer de un registro que incluya los valores medios de los salarios, complementos y percepciones extrasalariales de toda su plantilla, incluidos directivos y altos cargos. Los datos deberán aparecer desglosados por sexo y organizados según los grupos profesionales, categorías, niveles retributivos o puestos de trabajo que correspondan, incluyendo tanto la media aritmética como la mediana de las cantidades percibidas, en cómputo anual y por hora de trabajo.

En cuanto al acceso al registro salarial, dependerá de si la empresa cuenta con representación legal de los trabajadores. Si la tiene, los empleados podrán consultar la información a través de sus representantes, que tienen derecho a conocer el contenido completo del registro. En cambio, si no existe representación legal, podrán solicitarla directamente a la empresa, aunque en este caso solo se les facilitarán las diferencias porcentuales entre los salarios medios de hombres y mujeres, desglosadas según los conceptos retributivos y la clasificación profesional correspondiente.

Además, la norma establece que estos registros, junto con la documentación utilizada para elaborarlos, deberán conservarse durante cuatro años.

Otro cambio afecta a las empresas que presentan diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres. Se ha modificado el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores y las compañías con al menos 50 empleados deberán justificar en su registro las diferencias retributivas iguales o superiores al 25% entre ambos sexos. En las empresas con 100 o más trabajadores, este umbral se reduce al 5%. No obstante, estas diferencias no implican necesariamente que exista discriminación salarial, siempre que la empresa pueda justificar que responden a motivos objetivos y ajenos al sexo de los trabajadores.

A esto se suma la obligación de las empresas de 50 o más trabajadores de facilitar información sobre la brecha salarial de género a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva. Las compañías con 250 o más empleados tendrán que hacerlo anualmente, mientras que las de entre 50 y 249 trabajadores deberán hacerlo cada tres años.

Eso sí, no todas las empresas tendrán que cumplir con esta obligación al mismo tiempo. Las que cuenten con 150 trabajadores o más deberán presentar la información por primera vez antes del 8 de junio de 2027. Por su parte, las que tengan entre 50 y 149 empleados tendrán más margen, ya que el plazo se amplía hasta el 8 de junio de 2031.

Por último, cuando se detecten diferencias retributivas entre hombres y mujeres que no puedan justificarse mediante criterios objetivos y neutros, las empresas estarán obligadas a corregirlas en un plazo máximo de seis meses. Las compañías que no cumplan con las obligaciones sobre el registro salarial o que no faciliten determinada información a sus trabajadores podrán ser sancionadas. Y es que, con esta reforma, estos incumplimientos pasan a considerarse infracciones graves, según establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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