Los hogares que tienen el bono social de la luz, entre ellos los jubilados que cobran la pensión mínima, disfrutan hasta el 31 de diciembre de un descuento del 42,5% en la factura, o del 57,5% si son vulnerables severos. Desde el 1 de enero volverán al 35% y al 50% si el Gobierno no aprueba otra prórroga. Así lo fija el Real Decreto-ley 7/2026, que mantiene esos porcentajes “con carácter excepcional, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026”.
Pasado ese plazo, vuelve lo que dice el artículo 6 del Real Decreto 897/2017, que es el que regula el bono social y donde dice que la tarifa del consumidor vulnerable es la que resulta de “aplicar un descuento del 35 por ciento en todos los términos que componen el PVPC” (el precio voluntario para el pequeño consumidor, la tarifa regulada de la luz), y la del vulnerable severo, la del 50%.
Recordemos que el Congreso ya tumbó en enero el Real Decreto-ley 9/2024, que lo prorrogaba para 2025, y el 16/2025, que lo hacía para 2026, y en febrero tumbó también el Real Decreto 2/2026, así que los porcentajes de este año no quedaron fijados hasta el decreto del 20 de marzo. Por eso, la prórroga para 2027 tendría que llegar con una nueva normativa, ya que desde 2021 todas han sido decretos-ley. Al estar el Gobierno en funciones, habrá que esperar a las elecciones del 29 de noviembre, ya que por ahora no hay ninguna en el BOE.
Los requisitos del bono social y el caso de los jubilados
Para tener derecho hay que contratar la tarifa regulada en la vivienda habitual con una comercializadora de referencia y cumplir uno de los requisitos del artículo 3 del mismo real decreto. Uno es tener una renta de hasta 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (el indicador que se usa para muchas ayudas), 12.600 euros al año en 2026 para quien vive solo con los 600 euros al mes que fija la Ley 31/2022, prorrogada (en 2027 el SMI sube a los 1.286 euros). También tienen derecho las familias numerosas y quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital.
En el caso de los jubilados se exige que el consumidor y todos los miembros con ingresos de su unidad de convivencia (la pareja y los familiares hasta segundo grado que viven con él) sean pensionistas de jubilación o incapacidad permanente “percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros”. La viudedad no está en esa vía, aunque quien la cobra puede entrar por la de renta.
Esos jubilados tienen el descuento de severo si su renta no pasa de una vez el IPREM, 8.400 euros al año en 2026. Esa renta se mide con los datos del IRPF del último año que conste en Hacienda (la base imponible, si se hace la declaración), como fija el artículo 4 de la Orden ETU/943/2017. Por eso, un jubilado con la pensión mínima puede tener, según su caso, el descuento de vulnerable, que bajaría al 35%, o el de severo, que pasaría del 57,5% al 50%.
Cuánto más se pagaría desde enero
Por ejemplo, con 80 euros al mes de potencia y energía antes del descuento, sin contar impuestos ni el alquiler del contador, con todo el consumo dentro del límite que cubre el bono. Con el 42,5% un hogar vulnerable paga 46 euros, y con el 35% pagaría 52, seis euros más al mes y unos 72 al año. Uno vulnerable severo pasaría de pagar 34 euros a pagar 40.
El descuento no cubre todo lo que se gaste, porque el mismo artículo 6 lo limita a una cantidad de energía por periodo de facturación, que el anexo del real decreto fija según el tipo de hogar, y lo que pase de ahí se paga a la tarifa regulada sin rebaja.
La prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a los hogares vulnerables también se acabaría el 31 de diciembre si no se aprueba un nueva Real Decreto, tal y como señala el artículo 4 del Real Decreto-ley 7/2026.