La justicia niega el paro a un autónomo que llevaba trabajando desde 1986 pese a demostrar un desplome de sus ingresos y estar meses sin facturar nada

Aunque había perdido buena parte de su facturación, no justificó qué requisito legal cumplía para acceder a la prestación.

Un hombre agobiado con facturas en la mano |Envato
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a una mutua y ha confirmado la denegación de la prestación por cese de actividad a un autónomo que llevaba trabajando desde 1986 en el sector de los servicios fotográficos y cerró su negocio después de sufrir una importante caída de ingresos. Aunque el trabajador había pagado las cuotas pendientes a la Seguridad Social y alegaba que su facturación se había reducido considerablemente, la justicia ha rechazado reconocerle la prestación al considerar que no había justificado adecuadamente que cumpliera alguno de los requisitos legales para acceder a ella.

El trabajador llevaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde febrero de 1986 y tenía cubierta la prestación por cese de actividad, lo que se conoce como el paro de los autónomos, con la mutua FREMAP. El 6 de febrero de 2023 inició una baja médica que se prolongó hasta el 31 de octubre de 2024, fecha en la que decidió poner fin a su actividad y darse de baja como autónomo.

Tras el cierre de su negocio, el 11 de noviembre de 2024 solicitó la prestación, cuya base reguladora ascendía a 960,60 euros mensuales, pero FREMAP le comunicó que tenía cuotas pendientes de pago a la Seguridad Social, una deuda que el trabajador terminó abonando. Pese a ello, en febrero de 2025 la mutua le denegó la prestación al considerar que no cumplía los requisitos necesarios para acceder a ella.

Ante esta situación, el autónomo presentó una reclamación, pero fue desestimada. Por ello, decidió acudir a los tribunales para reclamar su derecho a cobrar la prestación por cese de actividad.

El caso llega a los tribunales

El Juzgado de lo Social de Bilbao tampoco le dio la razón porque no había conseguido demostrar que cumpliera las condiciones establecidas en el artículo 331 de la Ley General de la Seguridad Social para acceder al paro de los autónomos. En concreto, no quedó acreditado que su negocio hubiera tenido pérdidas superiores al 10% de los ingresos anuales ni que se encontrara en concurso de acreedores y no pudiera continuar con la actividad.

El trabajador no se conformó y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para defender su reclamación, aportó las declaraciones de IVA con las que pretendía demostrar hasta qué punto habían caído sus ingresos. En 2023 había facturado 12.735,37 euros, mientras que en el primer trimestre de 2024 ingresó 2.301,27 euros y en el segundo, 948,89 euros. Durante el tercer trimestre de ese año no facturó nada. Con estos datos, sostenía que en los nueve primeros meses de 2024 apenas había ingresado una tercera parte de lo que facturó durante todo el año anterior.

El TSJ del País Vasco confirma la denegación de la ayuda

La Sala reconoció que las cifras de facturación aportadas por el autónomo eran correctas y coincidían con sus declaraciones de IVA. Sin embargo, explicó que estas cifras no eran suficientes para modificar la sentencia, puesto que una reducción de ingresos no demuestra por sí sola que el autónomo reúna las condiciones que exige la ley para cobrar la prestación por cese de actividad.

En este sentido, el tribunal explicó que el artículo 331 de la Ley General de la Seguridad Social exige acreditar determinadas circunstancias económicas, como pérdidas anuales superiores al 10% de los ingresos, ejecuciones judiciales por deudas que alcancen el 30% de los ingresos del ejercicio anterior o una declaración de concurso que impida continuar con el negocio, entre otros supuestos.

El problema, según los magistrados, es que el trabajador se limitó a demostrar que su facturación había disminuido, pero no explicó cuál de estos requisitos legales cumplía ni justificó por qué tenía derecho a la prestación. Un error que el tribunal calificó como una “carencia técnica insalvable”, recordando que no corresponde a los jueces corregir estos defectos del recurso.

Por todo ello, el TSJ del País Vasco desestimó el recurso y dejó al autónomo sin la prestación por cese de actividad. La sentencia no era firme y se podía recurrir ante el Tribunal Supremo.

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