Italia tenía desde 2019 una ayuda muy parecida al Ingreso Mínimo Vital de España, siendo esta la renta de ciudadanía (reddito di cittadinanza), que también cobraban hogares cuyos miembros podían trabajar. El Gobierno de Giorgia Meloni se la quitó a estos hogares a partir de agosto de 2023. Desde entonces, según el Istat (el instituto de estadística italiano), el paro del sur del país ha bajado del 14% de 2023 al 11,1% de 2025, el mismo nivel que hace 18 años, aunque ya venía bajando desde el 20,9% de 2014.
Según la serie del Istat, el paro del Mezzogiorno (las seis regiones del sur más Sicilia y Cerdeña) cerró 2025 en el 11,1%, igual que en 2007 y casi el triple que el 3,8% del norte (en el centro fue del 5%). En el primer trimestre de 2026 bajó al 9,3%, 3,3 puntos menos que un año antes, según la nota de ese trimestre, y es el dato trimestral más bajo de la serie, que empieza en 2004.
Sin embargo, en ese mismo trimestre la tasa de inactividad del sur (el porcentaje de personas de 15 a 64 años que ni trabajan ni buscan empleo) subió 1,7 puntos en un año, hasta el 44,8%, más que en el resto del país. En el segundo trimestre, con el paro del sur en el 10,4%, la inactividad volvió a subir, 0,2 puntos en un año. Ese trimestre trabajaba el 51,1% de la población del sur de esa edad, frente al 70,6% del norte y el 67,7% del centro, según la nota del Istat del segundo trimestre.
Italia separó a quien puede trabajar de quien no
La renta de ciudadanía pagaba hasta 500 euros al mes a una persona sola, más otras 280 euros para el alquiler, según el artículo 3 del Decreto-ley 4/2019, que la creó. La Ley de Presupuestos de 2023 la limitó a siete meses para los hogares sin menores, sin personas con discapacidad y sin mayores de 60 años, y el Decreto-ley 48/2023 la cambió por dos ayudas.
La primera, el subsidio de inclusión (assegno di inclusione), es desde enero de 2024 para hogares con menores, con alguna persona con discapacidad o mayor de 60 años, o con alguien en desventaja atendido por los servicios sociales y sanitarios. Desde 2025 paga hasta 6.500 euros al año (541,67 euros al mes) a una persona sola menor de 67 años, más hasta 3.640 de alquiler, según el artículo 3 del Decreto-ley 48/2023.
La segunda, el apoyo a la formación y el trabajo (supporto per la formazione e il lavoro), es para quien tiene entre 18 y 59 años y puede trabajar, con un ISEE (el indicador italiano de renta y patrimonio del hogar) de hasta 10.140 euros. Desde 2025 paga 500 euros al mes, hasta 12 meses, mientras la persona participa en un curso o en un programa de empleo (hasta 2024 eran 350 euros, con un ISEE de hasta 6.000). Se puede alargar hasta 12 meses más si al acabar el año sigue en un curso, según el artículo 12.
Según el INPS (la Seguridad Social italiana), en julio de 2023 cobraban la renta de ciudadanía o su modalidad de pensión 1,07 millones de hogares. A finales de 2024, el 60% había pasado a una de las dos ayudas nuevas, el 25% no había pedido ninguna y al 15% se la habían denegado. En el 26% de los hogares que la cobraban en julio de 2023, al menos una persona encontró trabajo durante 2024.
En cambio, el Istat estimó con una simulación para 2024 (informe sobre la redistribución de la renta) que el paso de la renta de ciudadanía, ya recortada en 2023, al subsidio de inclusión empeoraba los ingresos de unas 850.000 familias, casi todas del 20% más pobre, que perdían de media unos 2.600 euros al año. De ellas, unas 620.000 perdían el derecho a la ayuda, y al menos 450.000 de las 850.000 eran hogares con personas que no podían trabajar.
Italia cerró 2025 con un 6,1% de paro y España, con un 10,5%
Según Eurostat, Italia terminó 2025 con un 6,1% de paro, la misma tasa que en 2007, y España, con un 10,5%, la más baja desde ese año, cuando tenía un 8,2%.
El último dato mensual del Istat, de agosto de 2026, sitúa el paro de Italia en el 6,2%, siete décimas más que en enero. En un año, las personas que buscan trabajo han aumentado en 129.000.
El Ingreso Mínimo Vital se cobra mientras se cumplan los requisitos
En España, la ayuda equivalente es el Ingreso Mínimo Vital, que en 2026 garantiza a una persona sola una renta de 733,60 euros al mes (894,99 si tiene una discapacidad del 65% o más), según la Seguridad Social. Se cobra de manera indefinida mientras se siga cumpliendo con los requisitos, ya que así lo regula el artículo 3 de la Ley 19/2021, donde señala que “se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica” (estos son los motivos por los que la Seguridad Social lo puede quitar).
En el Ingreso Mínimo Vital no hay una ayuda aparte para quien puede trabajar. La Seguridad Social envía los datos de los beneficiarios de 18 a 64 años a los servicios de empleo para que los inscriban como demandantes, salvo excepciones como estar trabajando (disposición adicional undécima de la Ley 19/2021).
La ayuda se puede compaginar con un trabajo gracias a un incentivo al empleo que creó el Real Decreto 789/2022. El Real Decreto 240/2026 que se aprobó este año lo reformó, y desde el 27 de marzo no cuentan para calcularla los primeros 6.000 euros al año de aumento de los ingresos del trabajo.