La reforma laboral y los cambios en las pensiones han sido dos de las actuaciones más destacadas de las que se han subvencionado con los Fondos Europeos Next Generation, los cuales, según un informe elaborado por Funcas y AFI, sostienen la recuperación económica en España. Pero el objetivo de transformar el modelo productivo aún no se ha materializado por completo, según aparece en el libro ‘El impacto de los fondos Next Generation en la economía española’.
Este estudio, que ha sido coordinado por Miguel Ángel González Simón (Funcas), Borja Rodríguez y Gonzalo López de AFI, apunta a que los fondos han permitido que se mantenga la inversión pública así como impulsar avances tanto en la digitalización como en políticas medioambientales.
Sobre la inversión empresarial, a finales del año pasado estaba en un 3,3%, por debajo del nivel medio que existía antes de la pandemia sanitaria de 2020 pese a la cantidad de recursos que se movilizaron desde 2021.
España contaba con una asignación inicial de 160.000 millones de euros entre préstamos y transferencias, pero el Gobierno pidió una cuarta parte del crédito disponible. Después, la asignación efectiva se quedó en aproximadamente 103.000 millones de euros, el 6,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
Las cuentas dejaron claro que a finales de 2025 se habían cobrado 71.366 millones de euros de los que las administraciones habían comprometido 57.395 millones y el gasto de las empresas y los hogares estaba en 39.000 millones.
Crecimiento económico del 14% gracias a los Fondos Europeos
Por parte de Funcas se ha estimado que el programa de ayudas europeas en el que ha participado España ha aportado entre 1,4 y 2,1 puntos al crecimiento económico acumulado explicando el 10% y el 14% del avance anual del PIB real durante el periodo 2021-2025. En 2023, cuando la ejecución alcanzó una alta intensidad, la contribución pudo acercarse al 25% del crecimiento total de ese año.
La diferencia entre los recursos que se han comprometido y lo que al final han supuesto para la economía aparece justificado porque algunas de las inversiones que se han llevado a cabo con dinero del erario público se podrían realizar con dinero privado. Esto es lo que, en el estudio, se llama ‘efecto sustitución entre la financiación pública y privada’.
Cuando se analizan los cambios que a nivel estructural ha notado la economía aparece que los fondos se encuentran en una posición de sostén de la inversión pública, que en 2025 estaba un 5,1% por encima del nivel de 2019 pero el avance de la inversión en empresas es más baja que en el momento en que se aplicó este programa.
La productividad real por hora trabajada,es cierto que ha mejorado respecto a la tendencia anterior a la pandemia, siendo la española una de las cuatro grandes economías europeas en las que se aprecia esta aceleración. El avance se limita a 0,4 puntos, con una mejora que Funcas considera “modesta” respecto a la magnitud del estímulo.
La mitad de los fondos va para las grandes empresas
La estructura del tejido empresarial español ha condicionado el efecto de cambio que propone este programa analizado por Funcas y AFI. Las empresas que cuentan con más de 250 trabajadores en plantilla han cobrado el 45,7% de los fondos que se han comprometido pese a que esta tipología de negocio representa el 0,4% del total.
Pero las microempresas, que son el 89,3% del tejido empresarial han conseguido captar el 10% del total de los recursos, reconociendo el informe que en el caso de los proyectos industriales de más envergadura es necesario aumentar la capacidad de gestión y de control financiero. Avisa de que esta concentración pone un límite a las empresas pequeñas (pymes) que cuentan con más problemas para conseguir estas ayudas.
La industria manufacturera, las actividades de información y comunicaciones y la construcción son las que se llevan un 60% aproximadamente del total del dinero adjudicado, pero el volumen de ayudas recibido no siempre se ha traducido en una mayor inversión.
La información y la comunicación concentra el 19% de los recursos comprometidos y ha subido la inversión un 40% entre los años 2019 y 2024. La construcción, por su parte, consiguió un volumen parecido de fondos reduciendo la inversión un 25% y la manufacturera se mantuvo estable.
Los autores apuntan a que los fondos son eficaces cuando impulsan procesos de inversión que estaban ya en marcha como es el caso de la digitalización pero hay más problemas cuando se trata de sectores afectados por problemas de estructura o limitaciones de oferta.
Demasiada burocracia que impide el cambio de modelos
La capacidad de las administraciones para gestionar unas cantidades tan elevadas de recursos procedentes de Europa en un periodo reducido de tiempo ha sido uno de los obstáculos con los que se han encontrado los expertos. España había movilizado, hasta el mes de septiembre de 2025, más de 85.000 millones de euros en licitaciones y ayudas pero un 60% estaba resuelto.
La AGE (Administración General del Estado) gestiona el 60% de los fondos, y las CCAA el 25%. Las entidades locales, el 15%. Hay que considerar que en no todas estas entidades el ritmo de trabajo es el mismo, con grandes diferencias territoriales debido a la diferente capacidad técnica y experiencia de cada administración.
La puesta en marcha de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) ha sido desigual, con retrasos en las resoluciones, la complejidad de algunas convocatorias y las exigencias técnicas han dificultado el acceso a determinadas pymes y han reducido el tiempo disponible para ejecutar los proyectos industriales.
El cierre administrativo del programa está previsto para el tercer trimestre de 2026, sus efectos se van a prolongar durante unos años. La adenda de diciembre del año pasado contempla instrumentos financieros cuya vida activa se extiende hasta 2036.