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Los funcionarios no podrán teletrabajar 3 días a la semana hasta agosto: estos son los motivos

Los funcionarios no podrán teletrabajar 3 días a la semana hasta agosto: estos son los motivos El RD no se publicará en el BOE antes de fines de febrero
Trinidad Rodríguez
Trinidad Rodríguez
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El Gobierno de España no aprobará el decreto que regulará el teletrabajo de los funcionarios hasta febrero, por lo que la aplicación de la norma no se pondrá en marcha hasta el próximo mes de agosto. Cabe señalar que en principio se esperaba que esta modalidad de trabajo a distancia comenzase a dar sus primeros pasos en la Administración Pública este 1 de enero de 2022. 

Así lo apuntó en su día, concretamente el pasado 11 de noviembre de 2021, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, cuya intención era tenerla lista ya en enero. Sin embargo, los sindicatos como CSIF denuncian ahora que no se aplicará en el BOE antes de “finales de febrero”

Por su parte, el Ministerio de Función Pública, se limita a apuntar que está trabajando en la medida y que se aprobará lo antes posible. Esto significa que finalmente los plazos para la aprobación de 3 días de teletrabajo a la semana, en lugar de solo uno, no se han cumplido a pesar de la sexta ola de la crisis sanitaria del coronavirus, que está produciendo numerosas bajas laborales entre los empleados públicos.

Qué funcionarios podrán teletrabajar hasta 3 días a la semana

En el primer borrador del documento se establecía que podrían optar de forma voluntaria al teletrabajo aquellos funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) que lo permitan, por lo que su puesta a punto afectaría a unos 230.395 trabajadores públicos estatales. En cualquier caso, esta nueva forma de prestar los servicios no será obligatoria, si no se podrán acoger de forma voluntaria.

Pero ahí no acaba la cosa, porque la posibilidad de trabajar desde casa podría llegar incluso al 90% de la jornada para ocupar puestos de “difícil cobertura” y favorecer así a la ocupación de plazas en zonas rurales de la España despoblada. Eso sí, en un principio no se establecen ayudas económicas para estos cambios de domicilio o empadronamiento.

Esto último supone una problemática que critican desde UGT, ya que algunos puestos en lugares como Ibiza, las vacantes se quedan vacías debido a los elevados precios de los alquileres hacen que los funcionarios rechacen estos puestos.