Los sindicatos de funcionarios 'amenazan' al Gobierno por el teletrabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) le echa otro pulso al Gobierno de España. El sindicato presidido por Miguel Borra ha anunciado que ha interpuesto una reclamación formal por la vía administrativa contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el retraso de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que establece las especificaciones del teletrabajo relativo a la Administración General del Estado (AGE).

"A tenor de lo recogido en el acuerdo de 12 de abril de 2021 puede concluirse que la Administración a la que nos dirigimos (Ministerio de Hacienda y Función Pública) está obligada a cumplir con el mismo y, por ende, a concluir la tramitación del Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración del Estado, pues no haberlo hecho ya comporta no sólo una merma al derecho de la negociación colectiva, sino también el incumplimiento del propio acuerdo", alega CSIF en su reclamación.

#CSIF presenta una reclamación administrativa contra el Gobierno para que desarrolle de una vez el teletrabajo.

Es injusto y discriminatorio frente a la empresa privada que el #teletrabajo dependa del jefe de turno.@Haciendagob tiene 3 meses o responderá ante los tribunales. pic.twitter.com/Mmvq52BnGE

— CSIF Nacional (@CSIFnacional) November 8, 2022

Teletrabajo: casi un año para publicar el decreto

Como indica CSIF, la legislación vigente establece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez,  dispone de tres meses para incluir el Real Decreto en el BOE. Si esto continúa sin ocurrir, amenaza con acudir a los tribunales por la vía de lo Contencioso Administrativo. Pocas veces se había asistido a un hecho así, pero la acumulación de la tramitación legislativa de diferentes aspectos prioritarios, como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o las reformas de las pensiones, y las dificultades en la negociación de un Gobierno de coalición con más fracturas que nunca están ralentizando más si cabe el proceso.

El contador comienza en abril de 2021, cuando el por entonces ministro de Trabajo, Miquel Iceta, acuerda por escrito las bases de cómo se llevará a cabo el trabajo en remoto para la Administración junto a CSIF, UGT, CCOO y CIG: tres días voluntarios de teletrabajo y dos obligatorios de carácter presencial a la semana. Ese proyecto de Real Decreto fue sometido a audiencia pública. Plazo que finalizó el pasado 4 de enero hasta este mes de noviembre, en el que, tras casi once meses, continúa sin haber rastro de él en el BOE.

“Desde CSIF, exigimos al Gobierno que deje de burlarse de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado, y que desarrolle de una vez el Real Decreto de Teletrabajo. El acuerdo de teletrabajo se firmó en abril de 2021, y desde entonces no hemos parado de reclamar su implantación efectiva. Hoy por hoy, el teletrabajo depende del jefe de turno. Esto es injusto y discriminatorio respecto a la empresa privada. Por eso, desde CSIF hemos presentado una reclamación administrativa”, justificaba el sindicato en un vídeo difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

CSIF también ‘condenó’ el acuerdo salarial

Tal y como indican, disponen de tres meses para “tan solo” llevarlo a su publicación al BOE. Además, también desvelan una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública con las comunidades autónomas en la Mesa General para ofrecerles detalladamente los principales puntos, no solo del teletrabajo, si no también de aspectos salariales y las condiciones laborales generales.

Este dardo de CSIF al Gobierno se enmarca dentro de la reciente escalada de tensión entre ambos bandos, tan solo un día después de que fuera la única representación sindical que rechazara el acuerdo de subida salarial para los funcionarios al no vincularse al Índice de Precios al Consumo (IPC) por el que se mide la inflación. Para ellos, lejos de ser “histórico”, como califican Función Pública, CCOO y UGT, el acuerdo que empobrece más a las/los empleados públicos.