El acceso a la vivienda empezaba el año con una subida histórica merced del aumento en más de un 20% interanual de la de segunda mano, unos números que no se veían desde hacía 20 años. Eso ataca principalmente a los trabajadores que se ven asfixiados tanto con la mensualidad el alquiler como con la hipoteca, más aún en las variables o mixtas. Un informe elaborado por Fedea explica que cerca de dos millones de personas entran en situación de pobreza en España después de pagar una casa completa o el porcentaje de la entrada.
Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sobre 1,95 millones de personas estaban pasando por esta situación en 2025. Los datos aparecen recogidos en el informe llamado ‘El coste de la vivienda y la pobreza oculta en España 2014 - 2025’. Y es precisamente en este término, en el de ‘pobreza oculta’ donde se encuentra la clave del estudio porque se trata de hogares que no son considerados pobres por los ingresos que tienen pero que caen en ese umbral una vez que se descuenta lo que pagan por habitar su casa.
Los investigadores son de José Ignacio Conde Ruiz de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid y Álvaro Pinto, que además de pertenecer a este organismo, trabaja en la Universidad de Alcalá. Y para poder llevarlo a cabo han tomado como referencia los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de pobreza relativa convencional está en el 19,5% de la población durante el año pasado pero subió al 23,5% cuando se restan los costes de acceso a la vivienda. Los investigadores apuntan a que contar con estos gastos fijos no eliminan la mejora que se registró desde 2014 pero sí aumenta el número de ‘pobres’.
El precio de la vivienda “agrava” la situación de quienes están en el umbral de la pobreza
Los autores han explicado que “la vivienda no sólo hace que más personas crucen este umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de muchas de las que estaban por debajo de él”. El impacto principal se centra en las personas que viven de alquiler a precio de mercado, lo que representaba el 12,1% de la población de 2014 y ahora supone el 7,4% en 2025, con el precio de la vivienda al alza.
Además, afecta a personas cuya persona de referencia es joven o ha nacido fuera de la Unión Europea o vive en zonas donde el mercado inmobiliario está tensionado entre los que se encuentran Madrid, Baleares y Cataluña. Este informe compara los datos con la Carencia Material y Social Severa, y la medición convencional afecta al 46,7% de las personas que tienen privación material severa en 2025. El tanto por ciento sube al 56,9% cuando se descuenta el coste de acceso a la vivienda y llega al 66,1% cuando se tiene en cuenta el gasto residencial.
Protección para las personas mayores
Esta situación cambia para los que son propietarios de una vivienda y no pagan la hipoteca. En estos casos, Fedea analiza el denominado alquiler imputado que representa el beneficio económico de disponer de una vivienda sin tener que pagar la renta a precio de mercado. Cuando aparece esta ventaja, 3,38 millones de personas han sido clasificadas como pobres según sus ingresos dejarían de estar por debajo del umbral.
El efecto está concentrado entre aquellos propietarios más mayores que no tienen una hipoteca pendiente, lo que no quiere decir que estos tengan dinero en efectivo como aseguran los investigadores. Pero soportan un gasto de alojamiento menor que el de otras familias con ingresos parecidos.
Fedea ha tenido en cuenta que analizar sólo la renta disponible no permite conocer la capacidad real económica de los hogares, pero soportan un gasto diferente cuando uno tiene la casa pagada y el otro dedica parte de su salario al alquiler.
Los autores recomiendan de una manera expresa que el coste de la vivienda se tenga en cuenta para diseñar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital y de este modo la protección a los ciudadanos tendría que adaptarse a la capacidad económica efectiva de cada familia detectando situaciones de vulnerabilidad que quedan fuera cuando sólo se tienen en cuenta los ingresos anteriores al pago de la vivienda.
