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Bruselas ofrece una prórroga a España para que la reforma laboral sea consensuada

Pese a este ofrecimiento de Bruselas, España asegura que va a respetar los plazos y aprobará la reforma laboral antes del 31 de diciembre.

Bruselas ofrece una prórroga a España para que la reforma laboral sea consensuada Bruselas dice a España que puede ampliar el plazo para aprobar la reforma laboral
Javier Martín
Javier Martín
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Bruselas otorga margen de maniobra a España en esa contrarreloj que afronta el Gobierno para cumplir con los compromisos pactados con la Comisión Europea en forma de reformas legales a cambio de las millonarias inversiones de los fondos para la recuperación después de la pandemia del Covi-19. Lo hará con todos estados miembro, pero es un respiro simbólico especialmente para Ejecutivo de coalición PSOE y Unidas Podemos, que siguen sin cerrar la reforma laboral.

En la Moncloa se tiene subrayado en rojo ese 31 de diciembre de 2021. No solo por concluir el año, si no porque también lo hace el plazo para que el Consejo de Ministros apruebe la reforma laboral, encallada por la controvertida gestión de la temporalidad pero a la que se espera dar un empujón esta semana, y la segunda parte de la reforma de las pensiones. 

"Es más una fecha indicativa que una obligación legal", deslizan desde la cúpula directiva de la Comisión Europea. Una confirmación que ha supuesto el respiro del Gobierno y los actores sociales implicados en esa, hasta el momento, ardua doble negociación a la que le restan 21 días en esa cuenta atrás. Se rebaja la presión, pero no la tensión: España tiene motivos para cumplir con los plazos estipulados. 

Bruselas recuerda que si no hay acuerdo, España no recibirá el dinero

Bruselas ha rebajado la obligación del compromiso, pero lo cierto es que el Gobierno sigue teniendo las mismas prisas. O, al menos, se las sigue metiendo, porque sin acuerdo no hay dinero. Desde la Comisión Europea son claros, los acuerdos pactados deben estar aprobados y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "antes de pedir el siguiente desembolso de fondos europeos”.

Este, según el calendario pactado el pasado año, correspondería a 12.000 millones de euros, que serían traspasados a las arcas españolas a lo largo del primer semestre de 2022. La tercera entrega está prevista ser solicitada en los segundos seis meses del año próximo. Pero antes es debido respetar un proceso que puede llevar semanas e incluso meses. 

Primero, el Gobierno solicita esa segunda partida de los fondos Next Generation UE, una vez aprobadas y publicadas las reformas e inversiones pactadas, que serán garantizadas por la Comisión y certificadas, en último paso, por los socios europeos del Comité Económico y Financiero (EFC). El tiempo puede extenderse hasta los tres meses: la Comisión tiene hasta dos y el EFC, uno, para dar luz verde."Es como un contrato: cuando se cumplan las condiciones, daremos el dinero", recalcan desde fuentes comunitarias. Por ello, a pesar de que se haya descartado penalización alguna por no cumplir con los plazos, y desde Bruselas prefieren que la reforma laboral "esté bien, aunque llegue un poco tarde", España pisará el acelerador por el bien propio.

El Gobierno de España no usará el comodín del tiempo 

"En el tiempo que llevo de ministra sólo les he dado un plazo: el 31 de diciembre, porque está recogido en el Componente 23 (la parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedicada al empleo), que hemos presentado ante la Comisión Europea. Esto nos obliga a que antes del 31 de diciembre se encuentre publicada en el BOE la reforma estructural del mercado de trabajo en nuestro país”, adelantaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

A esa corriente diplomática de responsabilidad moral se sumó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño: “Estamos trabajando intensamente, y yo confío en que lleguemos cuanto antes a un acuerdo y que podamos por tanto tener las normas aprobadas antes del final de año". 

Ese es el objetivo, diga lo que diga Bruselas: respetar los plazos que establecen los documentos oficiales nacionales, como el ‘Operational Agreement’. En él se detallaron el pasado mes de noviembre todas las etapas a seguir de las reformas e inversiones previstas hasta 2026, lo que supuso la llave de entrada de los primero 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos.

"Si hay plazos comprometidos, se respetan; y el escenario de retrasarse no se está contemplando", declaran desde la Moncloa, que ya esprintaron para llegar a meta a tiempo en otros dos compromisos de reforma legal reciente. El 15 de noviembre se aprobó sobre la bocina la primera parte de la reforma de las pensiones, aunque eso supusiera dejar fuera a la patronal a pesar de que Bruselas otorgaba como plazo para ello mediados de 2022. Por otro lado, la semana pasada, aprobó el anteproyecto de la Ley de Empleo que acordó con Europa hacerlo antes de finales de año.