El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 tras caer en el Congreso de los Diputados contra todo pronóstico, los dos reales decretos ley de vivienda una vez confirmado el voto negativo de Junts. No es la primera vez que PP, Vox y Junts echan por tierra algunas de las medidas o trámites administrativos necesarios para consolidar un buen gobierno como es el caso de la senda de déficit que es el paso previo a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero el líder del Ejecutivo guarda un as en la manga para poder sacar adelante las normativas que han provocado un enorme movimiento social impulsado por el desahucio de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas. Esta salida no es otra que la de pasar de nuevo las medidas por la Diputación Permanente.
Este es un organismo avalado por la Constitución Española (artículos 78 y 86) y por el Reglamento del Congreso de los Diputados (artículos 56 a 59 y 71), de modo que es completamente legal. Según define la Carta Magna, es el órgano que “garantiza la continuidad del Parlamento cuando las Cámaras no están reunidas o han sido disueltas”.
Existen dos, una en el Congreso y otra en el Senado y la convalidación de estos RDL corresponde a las primeras, durante la disolución asumen las competencias de estos Grupos hasta que se constituye la nueva cámara pero no sustituye sus funciones al cien por cien.
Está compuesto por 21 integrantes y una representación proporcional de los grupos parlamentarios, en la XV legislatura (la actual) se establecieron 69 miembros incluida la presidenta del Congreso de los Diputados, Francine Armengol.
Los decretos de vivienda podrían salir adelante
Según explican los textos oficiales antes citados, hay un modo de que los dos decretos de vivienda que se rechazaron en la Cámara Baja salgan adelante. Lo primero sería que pasasen de nuevo por el Consejo de Ministros, de modo que se recuperarían todas las medidas anuladas pero además se podrían incluir otras nuevas.
Para que este paso sea efectivo, el Gobierno tiene que justificar la necesidad que debe ser “extraordinaria urgente” de respetar los límites constitucionales de esta norma. Hay que tener en cuenta y según explican los artículos mencionados, que el hecho de que haya sido rechazada previamente no dará por válido la rendición del mismo contenido.
Una vez que haya pasado por el Consejo de Ministros, al igual que con el Ejecutivo ordinario, tendrán que publicarse en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y luego pasará a ser convalidados en los 30 días siguientes a la promulgación y si el Congreso está ya disuelto, lo votará la Diputación Permanente que podrá aprobarlos o rechazarlos.
El reparto de votos de la Diputación Permanente
Según la página del Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente quedaría del siguiente modo a día de hoy. El PP cuenta con 27 miembros, el PSOE (incluida Armengol) 25, Vox y Sumar, 6 cada uno. ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Grupo Mixto, 1 por partido. De modo que al final, suman 69.
Ahora, con este reparto, si PSOE, Sumar ERC, EH Bildu, PNV y el miembro del Grupo Mixto votasen a favor, serían 35 votos. PP, Vox y Junts reunirían 34 en contra si mantienen la misma postura. Para ser convalidados hace falta mayoría simple, con más votos a favor que en contra además de cubrir el quórum necesario. En este caso, el voto en contra de los de Puigdemont no sería bastante para tumbar las normas.
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Durante el periodo pre electoral se pueden aprobar decretos
El Gobierno entra en funciones una vez que se han celebrado las elecciones, no cuando se han convocado. Durante este tiempo podrán seguir aprobando decretos leyes que estén sujetos a los requisitos constitucionales y después de los comicios se podrán adoptar medidas urgentes pero con las limitaciones que establece el artículo 21 de la Ley del Gobierno (se puede leer en este BOE) donde se pide que se acrediten la urgencia y las razones de interés general para que estas actuaciones se gafgan fuera del periodo ordinario.