Antes de las vacaciones de verano, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hacía una promesa durante la presentación del informe ‘Cumpliendo’ que desgranaba las cuentas del Ejecutivo. Esta era la de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 este mismo año, terminando así con las prórrogas sucesivas de los de 2023 que paralizan muchas actuaciones y dificultan la adaptación de las cuentas públicas en determinados sectores.
La realidad es que el Gobierno lo ha intentado. Elaboró un techo de gasto con gasto récord de 226.032 millones de euros y una senda de déficit a la que desde el primer día, no se le auguraba un buen futuro. Días más tarde de que saliera adelante en el Consejo de Ministros, PP, Vox, Junts y UPN la tumbaban en el Congreso de los Diputados, haciendo que el Ejecutivo tuviera que regresar, prácticamente, al punto de partida. Aquel día, el 23 de julio de 2026, era la segunda vez que se intentaba un consenso que no llegó.
Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, tomaba la iniciativa y aseguraba ante los medios de comunicación que se habían reanudado los trabajos, que en realidad nunca se detuvieron, y destacaba que todo iba en plazo, y que pronto comenzarían las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios.
La espera y la preocupación estaba no sólo en el ámbito de la política sino también en el social, a pie de calle, donde los ciudadanos esperaban contar con unos PGE en 2027 adaptados a la nueva realidad económica e inflacionaria, con el IPC por las nubes y el precio de los carburantes y la luz a unos niveles desorbitados por la crisis en Oriente Próximo.
Termina el plazo que da la Constitución para presentar el documento
Es la cuarta vez que el Gobierno incumple el plazo que marca la Constitución Española en su artículo 134.3 donde señala que las cuentas públicas tendrán que presentarse al menos tres meses antes de que termine el año, esto es, antes del 31 de diciembre de 2026 en este caso.
Ahora, ¿esto quiere decir que ya no se podrán presentar estas cuentas y que se van a prorrogar las de 2023 una vez más? De momento, sí y esta situación ha provocado que los expertos economistas comiencen a sacar sus propias conclusiones.
De hecho, la AiREF en su página web elaboró en el mes de octubre de 2025 un estudio en el que explicaba las consecuencias de seguir con los presupuestos de 2023 durante un nuevo año. “Esto supone que se están gestionando los recursos públicos de hoy con unas cuentas diseñadas para un contexto económico diferente, lo que resta eficiencia al presupuesto como herramienta fundamental clave en la política económica”.
En aquel momento, los expertos adelantaban que Sánchez estaba moviendo algunas fichas para elaborar los PGE de 2027, pero “ya van con retraso”. Aclara que es fundamental que se presenten en fecha y sobre todo, que salgan adelante porque la realidad va cambiando y la política debería adaptarse a ella.
Sanidad, pensiones, vivienda y educación entre los sectores perjudicados
La falta de Presupuestos Generales del Estado pone sobre la mesa los recursos que anualmente se destinan a llevar a cabo políticas públicas tanto en sanidad como en pensiones, vivienda y educación y estos deben dar respuesta “año a año” a las necesidades y las preferencias de los ciudadanos.
Es necesario que estos, los ciudadanos, sepan de primera mano y gracias a unas cuentas públicas cuáles son los planes de sus gobiernos, qué quieren hacer, los recursos con los que cuentan y las prioridades. El hecho de que se debatan en el Parlamento implica que se incorporen las sensibilidades de los diferentes grupos que representan a la sociedad, ya que son ellos quienes los han elegido.
A continuación, la AiREF lanza una pregunta, ¿es posible funcionar sin presupuestos? La respuesta es afirmativa gracias a la prórroga que contempla la normativa que dice que en principio, se puede gastar como máximo la misma cuantía en las mismas partidas aunque hay modos de conseguir cierta flexibilidad, como por ejemplo las transferencias o la actualización de las partidas en las que aparecen las pensiones o el salario de los funcionarios gracias a la aprobación de Real decretos Leyes.
Pero lo más importante para este organismo es que estas prórrogas deben verse como algo temporal con el objetivo de que los servicios públicos funcionen en situaciones que dificultan la elaboración de un presupuesto como son las elecciones o la formación de nuevos gobiernos. Sin embargo, para el Ejecutivo no ha sido una medida temporal, sino la norma desde 2023.
