Pedro Sánchez, a contrarreloj: 40 leyes pendientes de aprobar

El Gobierno debe acelerar para cumplir sus compromisos legislativos establecidos en el Plan de Recuperación con la Comisión Europea si quiere recibir los fondos presupuestados. Tiene hasta el 12 de junio para aprobar, al menos, doce normas.

 

Sánchez debe darse prisa para sacar adelante lo prometido en Bruselas
Javier Martín

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le acumulan los deberes. Si quiere recibir la totalidad de los fondos europeos del Plan de Recuperación contra las secuelas dejadas por la pandemia del Covid-19 debe completar una carrera contrarreloj. Todo con tal de cumplir el pacto establecido con Bruselas, en el que prometió a la Comisión Europea una serie de cambios legislativos cuyo bloqueo amenaza una partida presupuestaria más que clave para el devenir nacional.

Sánchez debe cumplir lo prometido en Bruselas 

El Ejecutivo de coalición PSOE – Podemos ha logrado la aprobación del organismo europeo a la primera y segunda parte del plan de medidas, por las que ha recibido 10.000 millones de euros. Entre estas, destacan algunas ya implantadas como las tasas Google y Tobin, los Reales Decretos-leyes 23/2020 y 960/2020 de medidas energéticas y de renovables, así como la Ley de Educación, del teletrabajo, de las subidas fiscales que o, también, la Ley Rider. 

Todas ellas se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado 2022. 

Sin embargo, la vuelta a la actividad del nuevo curso político tras el verano ha atascado el resto del proceso. De las 60 leyes acordadas, aún quedan al menos 40 por aprobar y, de ellas, entre 12 y 15 deben estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado antes del 12 de junio. Por ello, Pedro Sánchez ha doblado la cita semanal del Consejo de Ministros.

La reforma laboral y de las pensiones, antes del 31 de diciembre 

Dos de las más urgentes y, a la vez, más controvertidas. La segunda parte de la reforma de las pensiones es la que está más avanzada. Ya ha recibido luz verde del Consejo de Ministros y espera ahora su aprobación en el Senado, que implantará un nuevo sistema de cotización para autónomos en función de sus ingresos reales, con consecuentes cambios en pensiones y cambios de empleo. 

La reforma laboral aún permanece en fase de negociación con los actores sociales, sindicatos y patronal, encallada por la gestión de la temporalidad y los contratos fijos – discontinuos. Este viernes tiene fijada una reunión clave para el acuerdo final, con fecha límite antes del 31 de diciembre.

Aunque no se descarta que se acabe apurando hasta ese mismo día y sea tramitada, al igual que otras como la de conversión de interinos a funcionarios para acabar con la temporalidad o el Ingreso Mínimo Vital, como Decreto-ley para su entrada inmediata en vigor. Existe incertidumbre acerca de cómo se tomará Bruselas que algunos de los cambios legislativos pautados acaben tramitándose como proyecto de ley.

Tercer tramo: Impuestos verdes y Netflix

Más a largo plazo, para el próximo año, aparecen a la vuelta de la esquina tres leyes en gestación claves para el éxito del tercer tramo del Plan de Recuperación, que desbloqueará 6.896 millones de euros. Entre ellas, la Crea y Crece, la de Start Up y la reforma concursal, además de la de telecomunicaciones. Pero también hay que mencionar la Ley de Formación Profesional que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral con el objetivo de crear nuevas plazas.

Pero el foco de la polémica lo capta la subida de impuestos. Se prepara, después de que cayera en aguas de borrajas en la tanda de enmiendas a los Presupuestos de 2021, la subida fiscal del diésel para equipararlo a la gasolina. Aunque la crisis energética echa aún más leña al fuego. A ello se le añaden los llamados impuestos verdes que Hacienda lleva un tiempo mascando y que elevarán el importe de los gravámenes de circulación y matriculación y de gases fluorados.

Al otro lado del ring también tiene abierta la contienda por la cuota lingüística en plataformas de streaming audiovisual como Netflix y Amazon Prime, tampoco exenta de polémica. Así, de existir contenido doblado o subtitulado en lenguas cooficiales como euskera o catalán, deberá ser incorporado, aunque solo obligatoriamente en el caso de plataformas españolas como Atresmedia o Movistar, que tendrán que asegurar esa cuota en un 6%, como contempla la nueva legislativa en comunicación audiovisual.

Cuarto tramo: veinte leyes y casi 12.000 millones de euros

De superarse ese tercer tramo con junio como meta, el Gobierno de Sánchez afrontará el cuarto último, que se extenderá en el segundo semestre de 2022. En ese periodo entrarán a debate para tratar de aprobarse posteriormente casi una veintena de leyes para liberar así 11.494 millones de euros, vitales para la fase final de recuperación post pandémica

Entre ellas, se contemplan la ley de Vivienda, la ley de calidad de la arquitectura, la ley sobre propiedad horizontal para facilitar la financiación de la rehabilitación, la de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales, la de Residuos y Suelos Contaminados, la de Ciberseguridad 5G o la del Deporte.

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