El PP derogará el decreto de centros de datos de Sánchez si gobierna y exigirá a las tecnológicas empleo duradero, cuando un campus de Aragón prevé 550 trabajadores en obra y 63 al funcionar

El real decreto que ha publicado este sábado el BOE obliga a los grandes centros de datos que se conecten desde ahora a cubrir con renovables el 80% de su consumo, y el partido de Feijóo quiere derogarlo y pedir empleo que dure tras las obras.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo |Europa Press Canarias
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Los centros de datos (las naves llenas de servidores que hacen funcionar internet y la inteligencia artificial) dan trabajo a cientos de albañiles, encofradores y electricistas mientras se levantan, pero cuando abren se quedan con una plantilla pequeña, como el campus de Épila (Zaragoza), que prevé 550 empleos directos en la obra y 63 cuando funcione. El Partido Popular quiere cambiarlo si llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, y además de derogar el real decreto de centros de datos de Pedro Sánchez, exigirá a las tecnológicas un compromiso de empleo duradero y de alta cualificación en España.

Así lo ha recogido El Mundo, que adelanta que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya trabaja en un marco alternativo al Real Decreto 1032/2026, que el Consejo de Ministros aprobó este viernes pese al rechazo del sector y que entra en vigor este domingo. “El decreto de Pedro Sánchez supone la aniquilación del sector por motivos ideológicos”, aseguran fuentes de la formación a ese diario, que dicen que lo derogarán en uno de los primeros consejos de ministros.

El Gobierno de Aragón declaró en enero de interés autonómico ese campus, el Epilon de Box2Bit, con una inversión de 3.900 millones de euros, y es uno de los casos más extremos, ya que por cada nueve empleos directos de la obra quedará más o menos uno en la plantilla. En el conjunto de las nueve declaraciones aragonesas que separan el empleo directo por fases, la proporción es de algo más de cuatro a uno, con unos 9.200 trabajadores en las obras y 2.170 después, según los datos a los que ha tenido acceso El Mundo.

El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) ya lo avisó en un informe sobre el impacto de estos centros que aprobó por unanimidad en diciembre de 2025, a petición del propio Gobierno aragonés. El empleo de la obra es “de carácter temporal, ligado al ciclo de obra”, y en la mayoría de las declaraciones de interés autonómico aprobadas hasta entonces, que se hacen con la información que dan las propias empresas, “el indicador de empleo no aparece desagregado ni por fases ni por tipología de puestos creados”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña | H.Bilbao / Europa Press

El mismo informe recoge un dato de la Seguridad Social donde en Aragón, los afiliados al régimen general en la actividad de proceso de datos y hosting (el alojamiento de webs y servicios en servidores) crecieron en algo más de 80 personas entre diciembre de 2021 y 2024, un 67% más. Amazon Web Services, que ha comprometido 33.700 millones de euros en España, cifraba, según el CESA, en más de 100 los empleos directos de sus instalaciones aragonesas en 2024 y esperaba llegar a 200 antes de que acabe 2026.

Qué empleo pedirá el PP a Amazon, Google o Microsoft

La idea de los populares es que gigantes como Microsoft, Amazon, Meta o Google se comprometan también con el empleo de larga duración. Cuando los centros ya funcionen, ese empleo tendría que llegar con centros de innovación, laboratorios de I+D (investigación y desarrollo) u otras actividades que mantengan la plantilla, mejor en las regiones que acogen los proyectos, ya que estas infraestructuras “tienen que derivar en un ecosistema de innovación, en centros de alta cualificación”, según el partido.

Cataluña ya aprobó en 2025 un marco para los centros de datos que da prioridad a los proyectos que aumenten el empleo de calidad a largo plazo, con un mínimo de dos puestos de trabajo a tiempo completo por cada millón de euros invertido, entre otros criterios, según el CESA. Con esa vara, a un proyecto de 3.900 millones como el de Épila se le pedirían unos 7.800 puestos para ser prioritario, y la declaración de Epilon recoge 263 en la fase de funcionamiento sumando los directos y los indirectos.

El decreto del Gobierno solo tiene en cuenta el empleo cuando hay que competir por la red

El real decreto se centra en la energía, el agua y la soberanía digital (que los datos más delicados de la Administración se queden en Europa). Los centros de 10 megavatios o más que se conecten a la red desde ahora tendrán que cubrir con renovables al menos el 80% de lo que consumen, también hora a hora, con un periodo transitorio opcional.

Entre sus obligaciones no hay ninguna sobre empleo, que solo aparece en los concursos que se hacen cuando hay más peticiones que hueco en la red eléctrica, donde los criterios podrán incluir, según su disposición final primera, compromisos voluntarios sobre “la localización de empleo cualificado, de actividades de investigación y desarrollo y de la subcontratación tecnológica de primer nivel”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defiende que sin esta norma los consumidores pagarían 5.000 millones de euros más al año en la factura de la luz. La patronal Spain DC rechaza esa cifra y ha anunciado que recurrirá el decreto y pedirá su suspensión cautelar, ya que según sus cuentas pone en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial hasta 2030, como recoge EFE. “Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible”, ha afirmado su presidente, Emilio Díaz.

La norma entra en vigor este domingo, 22 de noviembre, y seguirá vigente mientras no se derogue o la suspenda un tribunal, y los centros de datos que tienen pedida la conexión a la red y todavía sin resolver disponen de tres meses, hasta el 22 de febrero de 2027, para demostrar que cumplen los nuevos requisitos, o se les denegará después de darles la opción de corregirlo.

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