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Una vecina instala un armario en su patio para guardar trastos y la Justicia dice que tiene que quitarlo porque estaba anclado a elementos comunes y los estatutos lo prohibían

La propietaria alegó que otros vecinos también tenían cerramientos en sus patios, pero la Audiencia considera que eso no justifica realizar instalaciones sin autorización de la comunidad.

Terraza de un edificio
Terraza de un edificio |Envato Lab
Lucía Rodríguez Ayala
Fecha de actualización:

La Audiencia Provincial de Granada ha dado la razón a una comunidad de vecinos que exigió a una propietaria retirar un armario que había instalado en el patio de su vivienda para guardar trastos. Aunque la mujer tenía el uso exclusivo de ese espacio, el patio era un elemento común del edificio y había fijado el armario con tornillos a los muros sin autorización de la comunidad.

Según la sentencia de 14 de julio de 2026, la propietaria había instalado un armario-trastero cerrado y cubierto, para lo que había cortado parcialmente varios vierteaguas de los muros del patio. También había colocado un perfil para un toldo anclado a la fachada. Ante esta situación, la comunidad aprobó por mayoría exigirle que retirase las instalaciones, ya que los estatutos prohibían realizar obras o colocar cerramientos en las terrazas.

La mujer decidió denunciar a la comunidad para anular ese acuerdo y el Juzgado de Primera Instancia de Granada le dio inicialmente la razón, al considerar que el armario no podía calificarse como un cerramiento y que las modificaciones no eran graves. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó esta decisión al entender que la propietaria había alterado elementos comunes sin permiso y en contra de lo establecido en los estatutos.

Aunque el patio fuera de uso privativo, no podía modificar los elementos comunes sin permiso

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que se puede consultar en el BOE, establece que los propietarios no pueden realizar alteraciones en los elementos comunes del edificio. Además, el artículo 9.1 obliga a respetar estos elementos, aunque estén destinados al uso privativo de uno de los vecinos.

En este caso, los estatutos de la comunidad establecían expresamente que las terrazas descubiertas eran elementos comunes, aunque su uso correspondiera a los propietarios de las viviendas. También prohibían realizar obras de cualquier tipo, cubrir las terrazas o instalar cerramientos, así como modificar la fachada del edificio.

La Audiencia consideró que la propietaria había incumplido estas normas al instalar un armario cerrado y cubierto, fijarlo con tornillos a los muros comunitarios y cortar parte de los vierteaguas. Por ello, explicó que tener el uso exclusivo de un patio no permite modificarlo libremente, ya que sigue formando parte de los elementos comunes del edificio.

Que otros vecinos tuvieran cerramientos no justificaba instalar el armario sin autorización

La propietaria también alegó que otros vecinos habían instalado cerramientos incluso más grandes en sus patios sin pedir permiso, y que la comunidad no les había exigido retirarlos. Sin embargo, la Audiencia rechazó este argumento porque no se había acreditado que la comunidad hubiera autorizado o consentido esas instalaciones.

Además, la sentencia señala que, en una junta celebrada en 2015, la mujer ya había comunicado su intención de colocar una caseta en la terraza. Entonces, la administración le pidió que presentara una solicitud con fotografías, medidas y una descripción para estudiar su propuesta. Pese a ello, terminó realizando las instalaciones sin tener autorización.

En este sentido, la Audiencia recuerda que el artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal permite adoptar por mayoría los acuerdos que no requieren una mayoría especial. No era necesaria la unanimidad de los propietarios, como defendía la mujer, porque la comunidad no estaba modificando los estatutos, sino exigiendo que se cumplieran.

Por todo ello, la Justicia dio la razón a la comunidad y consideró válido el acuerdo que exigía retirar el armario y los demás elementos instalados, aunque contra la sentencia (SAP GR 1347/2026) cabía interponer recurso de casación.