Sociedad

La primera noche del plan de ahorro energético: Ayuso lidera la rebelión autonómica sobre el Gobierno

Este miércoles entra en vigor la medida del Gobierno para el ahorro energético, dirigida a ahorrar un 7% de gas y que ha generado un aluvión de críticas desde multiplicidad de sectores.

La primera noche del plan de ahorro energético: Ayuso lidera la rebelión autonómica sobre el Gobierno
Aspecto de una calle de Madrid tras la entrada en vigor del RDL de ahorro energético
Javier Martín
Actualizado a:

El ‘decretazo’ del plan de ahorro energético amenaza con hacer añicos las fronteras de la polémica. Poco después de su aprobación, al Gobierno de España se le echaron encima una marabunta de críticas, amenazas de incumplimiento y peticiones de convocatorias entre las más altas esferas políticas para tratar de reconfigurar un conjunto de medidas que se creen que tienen más contras que pros. El potencial brote del vandalismo nocturno ha sido uno de los últimos en emerger debido al apagón generalizado de los escaparates.

En esa configuración y visto bueno definitivo al plan, que se ha convertido en la última ‘batalla política y social’, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó al margen de todo el proceso a las comunidades autónomas, las mismas que tendrán que “aplicar y vigilar” su adecuado cumplimiento y aplicar las correspondientes sanciones. Porque las habrá, a pesar de que se consideran que persiguen un efecto “ejemplarizante”.

Pues bien, ese ‘Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización’ tiene su pistoletazo de salida este miércoles, cuando las luces de escaparates deben permanecer apagadas, y los termostatos, regulados en espacios públicos. Estas son algunas de las iniciativas que recoge otra normativa más dirigida a tratar de contener los precios históricos de las energías.

Esta era la medida, pero y durante la madrugada de hoy y tras la puesta en marcha de esta medida se ha podido observar como Madrid no ha cumplido con lo dispuesto por el ejecutivo. Mirando calles de la capital como la Gran Vía de Madrid muchos de los escaparates permanecían encendidos, siendo este hecho reportado por muchos usuarios a través de la red social Twitter.

Medidas del plan de ahorro energético del Gobierno

Con el objetivo de ahorrar un 7% de gas tras rechazar la propuesta de la Comisión Europea y ‘romper’ con Bruselas ante la posibilidad de que Rusia deje de suministrar materia primera en las próximas semanas, los espacios públicos, empresas de hostelería, comercio y otros sectores deberán acomodarse a la nueva legislación hasta el próximo 23 de noviembre.

1. La temperatura del aire acondicionado no podrá ser inferior a los 27 grados en verano, ni la calefacción los 19 grados en verano. Aquellos edificios de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos. Quedan exentos los centros de formación -colegios, universidades, guarderías...-, sanitarios, lavanderías, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí.

2. Apagar los escaparates a partir de las 22 horas; los edificios públicos deberán permanecer a oscuras cuando no estén en uso; y habrá que revisar las caldera e instalaciones térmicas. Seguirá encendida la iluminación ornamental de monumentos.

3. No dejar puertas o ventanas abiertas cuando se tengan encendidos aparatos de refrigeración. Los edificios afectados tendrán hasta el 30 de septiembre para instalar un sistema de cerrado de puertas.

4. Revisión extraordinaria de calderas e instalaciones de agua caliente siempre que la última revisión de los aparatos sea anterior a enero del 2021.

5. Se deberá indicar la temperatura en un termómetro visible de cara al público.

Ayuso y las autonomías, en pie de guerra

A pesar de que la Constitución indica que las comunidades autónomas deben cumplir con las indicaciones del Ejecutivo central, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la primera en confirmar que no cumplirían las medidas. La reunión gubernamental con las autonomías no surgió efecto. De hecho, se transmitió al Gobierno que se consideraba un caos.

Ayuso, que se resiste a que Madrid sea la única capital europea en la que las luces se apagan a las 22 horas y ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional, se ha encargado de señalar los diez aspectos que su gobierno autonómico considera inconstitucionales:

1. No hay problemas con el suministro de gas. Decae “el carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas”, que es precisamente garantizar el suministro de gas. “Consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y la calefacción”, incluyen.

2. El acuerdo con Europa sobre controlar el consumo del gas todavía no es obligatorio.

3. Los cierres colisionan con las normas de lucha contra la pandemia y la necesidad de ventilación.

4. Informar sobre ahorro energético no ahorra energía.

5. No es “proporcional” apagar la iluminación generada con energía sostenible. “Si lo que se pretende es ahorro de gas ¿por qué se prohíbe ese tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?”, indican.

6. Los escaparates sin luz colisionan con la ley autonómica de libertad de horarios comerciales, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?

7. Choque con la competencia autonómica para utilizar los edificios de la Comunidad de Madrid.

8. Anticipar las revisiones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico.

9. Las medidas duran más del tiempo de la previsión europea. La normativa europea lo cifra en un año.

10. El sistema de sanciones es defectuoso. La “defectuosa configuración del régimen sancionador” puede llevar aparejada “vicios de legalidad o de constitucionalidad” en las sanciones que pueden imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante la pandemia.

Sanciones por incumplir el plan de ahorro energético

La propia vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó que creen que no se impondrán multas “inmediatamente” a los que no cumplan con las medidas. De hecho, se va a “dar un margen” para que los afectados se adapten a la normativa. Se prevén sanciones que oscilan entre 60.000 y cien millones de euros.

ARCHIVADO EN: