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Guerra Podemos-MUFACE: los funcionarios, en alarma

La formación morada del Gobierno de coalición se escuda en que resulta una “fuente de inequidad” de atención sanitaria que, además, incrementa el gasto público.

Guerra Podemos-MUFACE: los funcionarios, en alarma
Javier Martín
Javier Martín
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Ya es oficial. Unidas Podemos ha abierto fuego contra Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida popularmente como MUFACE. La formación morada lo ha hecho mediante una proposición no de ley, mecanismo jurídico en el que se vierte una opinión sobre algún tema sin necesidad de entrar en cuestiones legales, en la que se anima a trasvasar progresivamente a los funcionarios del Estado que se benefician de la sanidad privada a la pública.

"La defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas", explica en su documento la formación morada. Consideran, por tanto, que la posibilidad de elegir “al margen del sistema sanitario” entre la Seguridad Social o la privada, con entidades como Asisa, DKV o Adeslas es una “fuente de inequidades”.

No es la única a la que apunta Podemos. También lo hace con otras entidades similares a MUFACE, la más grande, como el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) o la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Entre algunos de los motivos en los que se escuda su propuesta se encuentra que la vía de financiación por la que se articulan todas ellas: fondos públicos para entidades privadas, cuando la cartera económica sanitaria se asfixia.

Rechazo de los sindicatos a la propuesta de Podemos

"Lamentamos las presiones de Unidas Podemos”, han transmitido mediante un comunicado institucionalista publicado a través de sus canales sociales, en el que consideran que la propuesta de uno de los partidos del Gobierno de coalición colapsaría el sistema sanitario público: “Queremos recordar que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria".

Por ello, y a instancias de los funcionarios, han citado a la Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para transmitirle la posible incertidumbre generada y, además, instarle a fijar unas condiciones “sostenibles” en el acuerdo de los contratos de financiación con las mutuas sanitarias para los próximos años. Un problema incipiente cuya punta del iceberg comienza a ser visible.

Gasto sanitario creciente y desorbitado

Como apuntan desde CSIF, los virulentos efectos de la pandemia han aumentado la carga de un Sistema Nacional de Salud, con riesgo proximal de colapso y con consecuencias como que la calidad de la atención sanitaria de los más de dos millones de usuarios de ésta se vea “muy comprometida”.

Todo ello sin mencionar el ingente gasto público que conlleva este método del que se benefician los funcionarios. De hecho, en números oficialistas del Ministerio de Sanidad, la partida presupuestaria destinada a los contratos con las mutuas se elevó de un 3% en 2019 a un 10,8% en este último año. Prácticamente, seis mil millones de euros más, situándose actualmente en 8.072 millones de euros.

Sin embargo, siguen apuntando desde los sindicatos, que sus coberturas sanitarias no serían oro todo lo que reluce. "Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio". Es decir, que estas que se pactan en el convenio Administración Pública - mutuas serían distintas a las puramente pactadas entra usuario-seguro privado.