La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha participado este miércoles en la primera sesión de control al Gobierno post vacacional donde ha insistido en el intenso trabajo por sacar adelante aspectos tan importantes como la reforma del despido. Simultáneamente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, protagonizaba un desayuno informativo en el que por medio de los periodistas reiteraba su negativa a participar en cualquier mesa de negociación mientras que no se cierre el Real Decreto sobre el control horario.
Tras la presentación de los datos del paro, el pasado 2 de septiembre, el secretario de Estado de Trabajo Joaquín Pérez Rey señaló que el registro horario llegará “cuanto antes” al Consejo de Ministros, y destacó que no existen discrepancias con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo. Una afirmación que ha reiterado Díaz este mismo miércoles y con las que da respuesta a Álvarez. “Se aprobará con carácter inmediato” una vez que se incorporen los cambios jurídicos propuestos por el Consejo de Estado.
Ha sido durante un encuentro mantenido por la vicepresidenta segunda con el ministro de Empleo francés, Jean Pierre Farandou cuando ha asegurado que “Pepe tiene razón, hay que aprobar el registro y lo que digo es que después de cerrar el acuerdo con el Ministerio de Economía y con el PSOE hay acuerdo para que se apruebe ya el registro horario y estamos ultimando los cambios jurídicos necesarios después del informe del Consejo de Estado para que se haga con carácter inmediato”.
No tener aprobado el registro horario “daña a los trabajadores”
El que no haya un registro horario con parámetros digitales y objetivables está “dañando a los trabajadores” pero también es una “competencia desleal” entre empresas dado que se hacen a la semana unas 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan lo que perjudica a las empresas que sí cumplen con la legislación laboral.
“No hay nadie en España que quiera más que yo que se apruebe el registro horario”, ha reiterado para recordar posteriormente que el próximo 10 de septiembre hará un año desde que el Congreso de los Diputados tumbó la ley de reducción de la jornada laboral con lo que “hizo un enorme daño a los 12 millones de trabajadores que son de segunda” y que no tienen los mismos derechos que aquellos que hacen menos horas.
Ha señalado que cuando se hacen horas extra sin pagar “se está vulnerando la ley” y que eso es algo “que no se puede hacer en democracia”.