Trabajar repartiendo comida, transportando pasajeros o prestando cualquier otro servicio a través de una aplicación se ha convertido en algo habitual. Plataformas como Glovo, Uber Eats u otras muchas son ya el día a día de muchos empleados que trabajan en el sector servicios. Es por eso que ya muchos gobiernos se han puesto las pilas a la hora de regular mejor este tipo de empleos imponiendo grandes multas a las empresas que trabajan con apps, lo que ha provocado por ejemplo el fin del ‘falso autónomo' en empresas como Glovo que tuvo que contratar a sus riders, entre otros efectos.
Y es que otro problema importante de estos empleos dependientes de apps llega también, básicamente, cuando parte de las condiciones de trabajo, los encargos que se reciben o incluso la continuidad dentro de la plataforma dependen de sistemas automatizados que el trabajador apenas conoce.
Pues bien, la Unión Europea cambia las normas a partir del 2 de diciembre de 2026 con la Directiva (UE) 2024/2831, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas. Los Estados miembros deberán haber aprobado para entonces las disposiciones necesarias para cumplirla. El artículo 29 establece literalmente que deberán hacerlo “a más tardar el 2 de diciembre de 2026”.
Uno de los cambios más importantes afecta precisamente a los algoritmos. La norma pretende evitar que una persona que depende de una aplicación pueda quedarse sin trabajo únicamente porque un sistema automático así lo haya decidido.
Un algoritmo no podrá decidir por sí solo que dejes de trabajar
La Directiva deja poco margen a la interpretación en este punto.
“Toda decisión de restringir, suspender o poner fin a la relación contractual o a la cuenta de una persona que realice trabajo en plataformas, o cualquier otra decisión que cause un perjuicio equivalente, será adoptada por un ser humano”, recoge literalmente el texto europeo.
Es decir, una app podrá seguir utilizando algoritmos para organizar el trabajo, asignar servicios o valorar determinados aspectos de la actividad, pero una decisión tan importante como apartar al trabajador no podrá quedar únicamente en manos de una máquina.
Además, quien se vea afectado por una decisión automatizada tendrá derecho a pedir explicaciones. La norma obliga a las plataformas a ofrecer una explicación “oral o por escrito” y a permitir que el trabajador pueda hablar con una persona de contacto que aclare “los hechos, circunstancias y motivos” que llevaron a esa decisión.
También deberá entregarse una declaración escrita cuando se suspenda o cancele una cuenta, se niegue una remuneración o se adopte cualquier decisión que afecte a aspectos esenciales de la relación laboral.
EURES lo explica de una manera mucho más fácil, y es que si un algoritmo toma una decisión importante, como suspender una cuenta o negar un pago a un trabajador de la misma, ese mismo empleado podrá pedir que su caso sea revisado por “una persona real, y no solo una línea de código”.
La plataforma tendrá que demostrar que no existe una relación laboral
Todo este gran cambio no se queda únicamente en los algoritmos. La Directiva también modifica cómo se determinará si alguien es realmente autónomo o, en la práctica, trabaja como empleado.
El texto establece que “se presumirá que, desde el punto de vista jurídico, la relación contractual entre una plataforma digital de trabajo y una persona que realiza trabajo en plataformas [...] es una relación laboral cuando se constaten hechos que indiquen dirección y control”.
Y hay otro detalle fundamental: si la plataforma quiere demostrar que esa persona sí es realmente autónoma, “corresponderá a la plataforma probar que la relación contractual en cuestión no es una relación laboral”.
Para saber cuándo puede existir ese control, EURES pone varios ejemplos: que la aplicación fije las tarifas, supervise el rendimiento, establezca normas sobre la conducta, restrinja cuándo se puede trabajar o qué tareas se pueden rechazar, o impida crear una cartera propia de clientes.
Si finalmente se reconoce una relación laboral, el cambio puede ir mucho más allá del nombre del contrato. Según EURES, puede suponer acceder a derechos como salario mínimo, vacaciones pagadas, baja por enfermedad o prestaciones por desempleo.
Además, las plataformas tampoco podrán utilizar sistemas automatizados para tratar determinados datos personales. La Directiva prohíbe, entre otras cosas, analizar el estado emocional o psicológico, las conversaciones privadas, la afiliación sindical, la salud o las opiniones políticas del trabajador mediante estos sistemas.
De este modo, Bruselas quiere poner límites tanto a la figura del falso autónomo como a una realidad cada vez más habitual: que una parte importante de las condiciones de trabajo dependa de algoritmos que hasta ahora podían funcionar prácticamente como una “caja negra”.