El Congreso aprueba 7.240 millones para la dependencia en 2027 y reduce a tres meses el plazo para reconocer las prestaciones

Se aprueba el decreto que mejora y aporta mayor rapidez al sistema de Atención a la Dependencia, gracias a 63 votos a favor y seis en contra que ha recibido este miércoles en la Diputación Permanente.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy |Fernando Sánchez / Europa Press
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La Diputación Permanente del Congreso, un mecanismo que el Gobierno comenzó a usar para intentar sacar adelante los dos decretos de vivienda tras el desahucio de Maricarmen (de los cuales finalmente solo se aprobó uno de ellos), ha dado luz verde este miércoles al decreto que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y establece nuevas medidas para agilizar el reconocimiento de las prestaciones. La norma ha salido adelante con 63 votos a favor y seis en contra de Vox y permitirá que la inversión estatal alcance los 7.240 millones de euros en 2027, una cifra que el propio Gobierno califica de “histórica”.

La aprobación se produce in extremis, pocos días antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y forma parte de los siete decretos que ha convalidado este miércoles la Diputación Permanente del Congreso. Entre ellos también se encuentra el que reconoce el nuevo título de familia monoparental y amplía los beneficios de las familias numerosas, ambos impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales.

El decreto (RD 36/2026) de dependencia fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre y desarrolla el compromiso de que el Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema. De esta forma, el Gobierno pretende garantizar que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada recientemente pueda aplicarse con los recursos necesarios.

Según recoge el mismo BOE que plasma el Real Decreto-ley, el objetivo es "garantizar la efectividad de los derechos reconocidos" y evitar que las limitaciones financieras dificulten el acceso a las prestaciones y servicios.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que este incremento permitirá transformar el sistema de cuidados y avanzar desde un modelo "basado en plazas" hacia otro centrado en las "preferencias y deseos de la gente que envejece y necesita apoyo", según recoge elDiario.es.

Las solicitudes de dependencia deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses

Uno de los cambios más importantes afecta al tiempo que tiene la Administración para reconocer las prestaciones.

En concreto, la disposición final primera modifica la Ley de Dependencia y establece que "el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de tres meses".

Además, añade que este límite se aplicará "independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones".

Por otra parte, el decreto reconoce que el derecho de acceso a las prestaciones se generará desde la resolución correspondiente o cuando hayan transcurrido tres meses desde la solicitud sin que se haya dictado y notificado una resolución expresa.

Durante el debate parlamentario, Bustinduy ha defendido que "no solo planteamos la eliminación de las listas de espera el año que viene, sino que vamos a reducir a la mitad el plazo legal máximo para la resolución de expedientes".

El objetivo es reducir los tiempos de espera, que actualmente siguen siendo elevados. Según el BOE, el plazo medio de tramitación se sitúa en 293 días, a pesar de haber disminuido en 48 días durante el último año. Además, todavía hay 134.734 personas esperando una prestación, aunque esta cifra se ha reducido un 22,7% en términos interanuales.

Nuevas cuantías de financiación y cambios en la teleasistencia

El decreto también fija las aportaciones mensuales mínimas que realizará el Estado por cada persona beneficiaria en 2027, dependiendo de su grado de dependencia.

En concreto, establece 90 euros para el grado I, 260 euros para el grado II y 660 euros para el grado III. Además, para el nuevo grado III+ de dependencia extrema, la aportación se fija en 4.930 euros mensuales.

Hay que aclarar que estas cantidades corresponden a la financiación mínima garantizada por el Estado para el sistema, no a una prestación que cada persona vaya a cobrar directamente en su cuenta bancaria.

Asimismo, el texto amplía el acceso a la teleasistencia. En este sentido, señala que "todas las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos".

También establece que este servicio se prestará "las veinticuatro horas del día, todos los días del año", incorporando medidas de accesibilidad y seguimiento personalizado.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca acelerar la atención a las personas dependientes y garantizar que la ampliación de derechos pueda aplicarse de forma efectiva en todo el territorio nacional.

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