La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) va a pedir a Bruselas durante la próxima semana que apoye a España para que se dé solución a la crisis en Ceuta y por otro lado, se ha remitido al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el recurso pendiente por el recorte salarial de 2010 que afecta a miles de funcionarios y que tiene un impacto aproximado de 48.000 millones de euros.
El sindicato ha anunciado que en los últimos días ha pedido al TC que actúe para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 que aplicó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la crisis económica por la que atravesaba el país.
“Reducir las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria que se adoptó en un contexto de crisis económica grave pero 16 años más tarde ese recorte sigue integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos a pesar de haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron”, ha denunciado CSIF.
Han cifrado la merma anual en 1.000 euros para un total de 48.000 euros retenidos en este concepto. De este modo, manifiestan su “confianza” en que el TC se pronuncie “en breve” sobre el recurso presentado en 2024 contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial y anuncia que por parte del Ministerio Fiscal ya existe un informe “favorable” que dice que “una medida excepcional no puede convertirse de ninguna manera en permanente sin que haya una justificación suficiente”.
Ha asegurado que el recurso afecta a “las futuras” ILP y que va a determinar el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.
Subida salarial del 5% en el sector público
El sindicato ha asegurado que reclamará ante Función Pública para que se reactive el desarrollo del Acuerdo Marco, que es “bueno” y fue firmado en noviembre de 2025 aunque ahora “hay que pedir que se ejecute”. Esto garantiza que los salarios públicos van a subir un 5% en 2027 desglosado en un 4,5% y un 0,5% variable a consecuencia de la inflación y que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Ha avisado de movilizaciones en todas las administraciones públicas ante el “malestar laboral, deterioro y sensación de abandono” de los servicios públicos. La Administración General del Estado (AGE) ha reivindicado la equiparación salarial entre administraciones, implementando el teletrabajo, el refuerzo de las plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada y actualizando las retribuciones del personal en el exterior.
Educación y Correos anuncian movilizaciones
En Educación ya están trabajando en un calendario de protestas “sin descartar la huelga” al inicio del curso 2026-2027 con una primera concentración el día 15 de septiembre en Madrid ante el Ministerio. Y en el caso de Correos, al que acusan de incumplir el acuerdo de 2024 con medidas pendientes como el refuerzo de la plantilla, jornada de 35 horas, conversión de jornadas parciales a completas y plan de rejuvenecimiento de plantilla, ya empezaron con las movilizaciones esta semana.
Pero avisan de que a esta primera le seguirán más, una el 17 de septiembre y una “gran concentración en Madrid” el día 30 de ese mes. En lo referente a Justicia, el balance es “nefasto” y en Sanidad piden refuerzos “estructurales” fundamentalmente en Primaria donde reclaman mejoras retributivas y un plan nacional de reducción de las listas de espera.
