Miles de profesores han tomado las calles de Madrid en defensa de la educación pública. En una huelga indefinida, que comenzó este 14 de octubre, docentes de todos los niveles educativos (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional) han decidido unir sus voces en una convocatoria calificada de “sin precedentes” por su carácter indefinido.
La movilización, impulsada por un comité de huelga integrado por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, y las plataformas docentes Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna, responde a lo que denuncian como una década de infrafinanciación y falta de voluntad de negociación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde ‘NoticiasTrabajo’ hemos querido indagar en los problemas que acusa la Formación Profesional (FP), en auge estos últimos años por sus resultados de empleabilidad. El caso de la Comunidad de Madrid, ciertamente, es particular, tal y como recogió CCOO en su informe ‘La mercantilización de la educación’.
La enseñanza privada ha experimentado un fuerte crecimiento en la región, hasta superar por primera vez a la educación pública: alrededor del 51% del alumnado de FP ya cursaba sus estudios en la red privada en el curso 2024-2025, frente al 49% de la pública.
A este crecimiento se suma la falta de plazas públicas. Según el informe de CCOO, 62.191 solicitudes de matrícula quedaron excluidas de las listas de admitidos de FP pública en Madrid para el curso 2025-2026. Este trasvase coincide con la falta de plazas públicas y las dificultades para gestionar las prácticas obligatorias. Ante estas dificultades, miles de familias recurren a la privada, con matrículas de entre 6.000 y 8.000 euros al año a cambio de plazas de prácticas aseguradas. Una brecha especialmente pronunciada en la modalidad a distancia.
“Se está creando una auténtica burbuja en la FP privada que terminará por estallar. La FP se había revalorizado mucho desde los años 90 y no podemos permitir que se convierta en un nicho de mercado”, explica a este medio el portavoz de Queremos FP, Francisco García Pálido.
Prácticas sin plazas y aulas masificadas
García Pálido denuncia que la implantación de la FP dual en la Comunidad de Madrid se ha realizado sin un marco normativo autonómico específico durante sus primeras fases. “Al final no se trata solo de implantar una reforma, sino de cómo se implanta. En nuestro caso se hace sin normativa: la FP dual se aprueba en 2023 y la implantan en ese mismo curso a través de unas instrucciones administrativas distribuidas entre las directivas de los centros, sin ningún tipo de normativa aprobada ni prevista”, explica.
A este vacío se suma la tardanza en la regulación autonómica: “De hecho, la normativa en la Comunidad de Madrid se aprueba en 2025. Son ya dos años en los que se viene aplicando la reforma sin marco. El resumen es que llevamos 3 años complicados en la formación profesional y hacía falta dar voz a este conflicto al que, por determinadas razones, no se le estaba dando la atención requerida, aunque es vox pópuli: todo el mundo conoce lo que está pasando con la FP, ve las marquesinas, los anuncios en Google y el fenómeno del auge de la FP privada”.
En este sentido, destaca el contraste entre el avance de la educación privada y las crecientes dificultades del sistema público: “Solo tienes que fijarte en el autobús en el que vas montada; seguramente tenga publicidad de FP privada. Esto es un hecho completamente verificable. Hay un seguimiento del aumento de la privatización, de la implantación de la FP dual y de cómo la Comunidad de Madrid ha actuado para tensionar el sistema al no dotar de los recursos que la propia ley contempla para las prácticas de formación profesional. Ahí es donde está el gran problema y debemos señalar qué falla y a qué nos arriesgamos. Es un problema específico que evidencia cómo se está debilitando la educación pública”.
El mayor problema se encuentra en la generalización de la formación obligatoria en empresas en los ciclos de FP, que choca con la escasez de plazas en el tejido empresarial: “Esta medida se ha implantado de manera unilateral e intenta universalizar un recurso que es limitado: las plazas de prácticas en empresas para sectores específicos. Hay una oferta limitada que nadie está regulando ni controlando”, manifiesta el portavoz.
Sobre esto, recuerda que el Ministerio de Educación tuvo que promover la prohibición expresa de que los centros de FP paguen a las empresas para reservar plazas de prácticas. “Hay un mercado de alumnado que paga entre 6.000 y 8.000 euros al año por una FP privada que les garantiza prácticas. El problema es cómo el profesorado de la pública puede garantizar prácticas de calidad a 30 alumnos por aula. Esto está generando enfrentamientos e intensas tensiones internas en los centros educativos”.
Además, en la FP comparten el conjunto de problemáticas generales de la educación secundaria, como son las ratios elevadas. “Yo estoy con 30 alumnos en tres talleres diferentes sin ningún profesor de apoyo. Eso es un drama compartido”, indica. A las ratios también se une la proclama conjunta de reducir las horas lectivas.
“No se trata de trabajar menos, se trata de trabajar para menos personas”
Entre las principales demandas de la educación pública no universitaria está implantar las 17 horas lectivas semanales en Secundaria y FP y las 22 en Primaria. Además, reclaman una reducción de las ratios por aula, fijando límites de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 15 en FP, así como una subida salarial de 600 euros mensuales en el complemento autonómico y un refuerzo sustancial de personal especializado para la atención a la diversidad y la educación especial.
Respecto a la reducción de las horas lectivas, García Pálido desmonta la idea extendida fuera del ámbito docente de que reducir las horas lectivas signifique trabajar menos:
“Existe una confusión en la sociedad al pensar que menos horas lectivas equivale a trabajar menos. Nosotros trabajamos las mismas horas; hay un porcentaje muy alto de dedicación por vocación. Se trata de que nuestro trabajo tenga más sentido. Reducir la ratio o las horas lectivas permite concentrar la atención en menos personas, no trabajar menos. Es igual que si un médico de cabecera pasa de atender una población asignada de 10.000 personas a una de 1.000: no trabaja menos horas, sino que presta una atención de mayor calidad. Pensar que es trabajar menos es un argumento retorcido”.
No obstante, deja claro que para Queremos FP la prioridad absoluta sigue siendo la FP dual y “la situación crítica de las prácticas”.
El auge de la FP privada a distancia ha provocado “una clara devaluación del título de Formación Profesional”
Ante el importante crecimiento de la FP privada a distancia, el Ministerio de Educación tiene en desarrollo un Real Decreto para regular la FP a distancia, aumentando la presencialidad y fijando ratios por aula. Sin embargo, para los docentes de la pública, la medida llega tarde: “El Gobierno legisla a posteriori. Primero ocurrió con el pago por las prácticas tras la denuncia de Comisiones Obreras, y ahora ocurre con la FP a distancia”, critica García Pálido.
Este recuerda que la modalidad online siempre había sido “algo residual” debido a la naturaleza práctica y de taller de estas enseñanzas, pero advierte de que en los últimos años la privada ha experimentado “un crecimiento descomunal”.
“Se ha convertido en un negocio de expedición de títulos a cambio de dinero, sin garantizar formación práctica real ni costes de mantenimiento de instalaciones”, lo que deriva en “una clara devaluación del título de Formación Profesional”. A su juicio, “el Gobierno intenta poner parches legislando a posteriori, pero el problema de fondo es que la ley de FP dual está mal planteada y las comunidades autónomas la están aprovechando para desacreditar la enseñanza pública y favorecer el negocio privado”.
De hecho, Queremos FP considera que no basta con introducir modificaciones puntuales en la reforma y plantea directamente la derogación de la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Así lo recoge en su documento ‘Nuestros Fundamentos 2026/2027’, en el que defiende la necesidad de organizar una respuesta estatal para impulsar su derogación y reconstruir un modelo público de FP. Para el colectivo, los problemas actuales no responden únicamente a una falta de recursos o a una mala aplicación de la normativa, sino al propio diseño del sistema.
Sin prospector de empresas en la Comunidad de Madrid
Al comparar la situación de la FP madrileña con la de otros territorios, las diferencias no solo se observan en las ratios o en el ritmo de privatización, sino en las propias condiciones retributivas del profesorado. Por ejemplo, denuncia diferencias salariales de hasta 9.000 euros anuales entre los docentes madrileños y los del País Vasco.
“Piensas, ¿por qué puede pasar? ¿Por qué puede ser que en Madrid nos estén pagando, por ejemplo, peor que a los profesores de Albacete o de Jaén? ¿Por qué puede pasar eso con lo cara que es la vida en Madrid? Son indicadores con los que se ve claramente cuál es la tendencia cuantitativamente, aunque en este caso estemos hablando de nada más que salario, pero es que simplemente ver ese diferencial ya te hace pensar que lo que se está produciendo es un olvido de la formación profesional, de la pública”, señala.
Asimismo, manifiesta que hay muchos diferenciales que tienen que ver con lo pedagógico y con las condiciones del día a día. “En la FP, en Madrid, está la cosa muy explotada, y no siempre con la calidad que requieren los procesos. Aquí no se han implantado un montón de figuras”, agrega, como es el caso del prospector de empresas, una figura contemplada en el Real Decreto 659/2023 para facilitar la relación con las empresas y las estancias formativas del alumnado.
“En la Comunidad de Madrid no hay ni uno: ni muchos ni pocos, no hay ninguno, cero. Y eso ya se está implantando en otras comunidades. Esto es un hecho diferencial. Es algo que tú ves claramente que está pasando aquí y que no está pasando en otros sitios, aunque tampoco es que en otras comunidades estén para tirar cohetes”.
Queremos FP denuncia que la ausencia de esta figura obliga al profesorado a asumir tareas que van más allá de la enseñanza, como buscar empresas dispuestas a acoger alumnos, gestionar convenios y coordinar las prácticas. En su documento de reivindicaciones, el colectivo advierte de que esta carga administrativa está reduciendo el tiempo disponible para preparar las clases y atender al alumnado, transformando progresivamente la función docente en una labor administrativa.
Sin respuesta por parte de la Comunidad de Madrid
El portavoz de Queremos FP hace una valoración de las jornadas de huelga: “Había incertidumbre porque una huelga implica perder sueldo, pero estamos maravilladas con la respuesta”, destacando que, según compañeros veteranos, “está siendo incluso superior a la de la Marea Verde de 2011”.
Un respaldo social que desde el Gobierno regional han rechazado. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha descartado que vayan a tomar medidas adicionales para acabar con una huelga que ha tachado de “política y revolucionaria”. Una postura que no ha tomado por sorpresa al comité de huelga: “La consejera Zarzalejo y la presidenta regional ya han fijado su postura en medios y no hay voluntad de negociación. Era algo esperable”, lamenta García Pálido.
Frente a este rechazo, los docentes mantienen firme su pulso en las calles para frenar el declive de la enseñanza pública. “Nosotros tenemos clara nuestra hoja de reivindicaciones. Al comparar Madrid con otras comunidades autónomas se evidencia el deterioro de la educación pública respecto a la riqueza de la región”, concluye.
