Empresas como Telefónica, Talgo, Duro Felguera o CaixaBank podrían perder la participación que mantiene el Estado en su capital si el Partido Popular llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación de Alberto Núñez Feijóo está estudiando una revisión de estas inversiones al considerar que la presencia pública no está justificada en determinados sectores donde ya existe competencia entre empresas privadas.
Así lo ha explicado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en una entrevista para el diario ABC en la que ha señalado que su partido pretende cambiar el papel que ha desempeñado el Estado en las grandes compañías durante el mandato de Pedro Sánchez. “Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada”, ha afirmado.
Pese a esta postura, el PP todavía no ha decidido si venderá sus participaciones en estas empresas en caso de llegar a la Moncloa. Fuentes de la formación consultadas por ABC señalan que, por ahora, se trata de un planteamiento que deberá concretarse si Feijóo consigue formar Gobierno.
Telefónica, Talgo y CaixaBank, entre las empresas que podrían verse afectadas
El Estado mantiene inversiones en distintas compañías españolas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo público que administra parte de las participaciones empresariales de la Administración y que cerró 2025 con unos beneficios de 130 millones de euros.
Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido a este organismo para aumentar su presencia en determinadas empresas. Entre las operaciones más destacadas figura la compra del 10% de Telefónica, con la que el Estado volvió a entrar en el capital de la operadora de telecomunicaciones.
También ha reforzado su participación en Indra, una compañía vinculada a la tecnología y la defensa, y ha intervenido en operaciones relacionadas con Talgo. A estas inversiones se suman las participaciones públicas que ya existían en otras empresas, como CaixaBank.
El PP quiere revisar esta situación y estudiar en qué casos resulta necesario que el Estado continúe siendo accionista. La cuestión, según ha trasladado Nadal a ABC, es determinar si la actividad de cada compañía justifica que exista dinero público invertido en ella.
No obstante, los populares sí consideran necesaria la presencia estatal en determinadas actividades, como “cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado”.
Nadal ha puesto como ejemplo a Red Eléctrica, responsable de operar la red de transporte de electricidad en España. A su juicio, existen actividades en las que la participación pública tiene una justificación que no encuentra en otros sectores donde operan numerosas empresas privadas.
Esta distinción será una de las claves de la revisión que plantea el partido. Por el momento, no ha anunciado una relación concreta de compañías de las que pretenda salir ni ha establecido plazos para hacerlo.
El PP también plantea cambios en la dirección de las empresas públicas
Además de revisar las inversiones del Estado, el Partido Popular quiere cambiar el perfil de las personas que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas públicas. La formación cuestiona algunos de los nombramientos realizados durante los gobiernos de Sánchez y considera que debe darse más importancia a la trayectoria profesional y a la experiencia de los candidatos. Uno de los cambios más destacados fue el relevo de José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica por Marc Murtra, una decisión que el Gobierno defendió en enero de 2025.
Nadal ha explicado a ABC que su intención no es “cambiar el sistema de nombramiento, que está regulado por la ley, pero sí vamos a cambiar el perfil de las personas que deben dirigir las empresas públicas”, ha señalado.
Los populares también quieren revisar las funciones de estas compañías para determinar cuáles deben continuar bajo titularidad estatal. Según Nadal, una empresa pública debe responder a una necesidad de interés general que justifique su existencia.
En cualquier caso, ninguna de estas medidas está aprobada ni supone por ahora la venta de participaciones del Estado. Su aplicación dependerá del resultado electoral del 29 de noviembre y de las decisiones que adopte un eventual Gobierno presidido por Feijóo.
