Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales mutualistas se manifestarán este sábado, 17 de octubre, en Madrid, para reclamar que la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) permita su incorporación al sistema público de pensiones sin nuevas restricciones. Los convocantes exigen al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que les escuche antes de aprobar el reglamento que concretará las condiciones del traslado.
Bajo el lema “Escucha a los afectados, ministra. Reglamento sin recortes”, la jornada comenzará a las 11:15 horas con una concentración frente al Consejo General de Procuradores, en la calle Serrano Anguita. La marcha arrancará a las 12:00, pasará por la sede del Consejo General de la Abogacía Española y terminará en la calle Jorge Juan, ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Entre los afectados se encuentran abogados, procuradores, arquitectos y arquitectos técnicos que han realizado sus aportaciones para la jubilación a través de mutualidades profesionales. Estas entidades ofrecen un sistema de previsión social que determinados profesionales pueden utilizar como alternativa a cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. De ahí que los colegios y consejos que representan a estas profesiones también estén reclamando una solución al Gobierno.
El problema aparece al acercarse la jubilación. Algunos mutualistas se encuentran con que, después de décadas de aportaciones, la pensión que les corresponde es muy inferior a la que esperaban. La propia ley reconoce estas situaciones de desprotección y que, en ocasiones, las prestaciones quedan por debajo de las que habrían obtenido de haber cotizado en la Seguridad Social.
Qué es la pasarela al RETA y por qué siguen las protestas
La pasarela permite trasladar a la Seguridad Social los derechos económicos acumulados mediante las aportaciones a una mutualidad alternativa y convertirlos en periodos cotizados como autónomo. La Ley 2/2026, de 29 de julio, abrió esta posibilidad, aunque todavía falta aprobar el reglamento que concretará cómo se llevará a cabo.
Ahí se concentran ahora las reclamaciones. Las plataformas quieren conocer cómo se reconocerán sus aportaciones y temen que las condiciones del reglamento reduzcan el alcance de la solución aprobada por las Cortes. Entre sus preocupaciones figuran el cálculo de los periodos cotizados, el tratamiento del capital acumulado y el acceso a los complementos que permiten elevar las pensiones más bajas.
Los convocantes reclaman una reunión con la ministra Elma Saiz y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Denuncian que el Ministerio ha dado prioridad a las conversaciones con los consejos de la Abogacía y la Procura, sin mantener un encuentro directo con los representantes de los afectados. Por ello, piden participar en la elaboración del reglamento y disponer de un calendario público para conocer cuándo se aprobará.
La convocatoria de elecciones ha aumentado la preocupación entre los mutualistas, que temen que la aprobación quede pendiente del Gobierno que salga de las urnas. Belén García, secretaria general del Sindicato de Abogados Venia, recuerda al medio Law&Trends que llevan más de tres años de movilizaciones y reconoce el agotamiento del colectivo. Desde ANAMA, su presidenta, Nuria Cachafeiro, pide además que se escuchen las dificultades económicas de estos profesionales y rechaza que se asocie el ejercicio de la abogacía con grandes patrimonios o ingresos elevados.
La decisión de acogerse será voluntaria, aunque el traslado al RETA tendrá carácter irreversible para la actividad profesional correspondiente. La ley también deja fuera a quienes ya sean pensionistas de un régimen público o de la mutualidad, salvo que cobren una pensión de viudedad.
Los colegios profesionales piden acelerar el reglamento
La movilización llega cuando se acerca el final del plazo de tres meses que la ley dio al Gobierno para aprobar el desarrollo reglamentario. Los colectivos insisten en que necesitan conocer las condiciones antes de tomar una decisión que afectará a su jubilación.
En la víspera de la manifestación, los consejos generales de la Abogacía, la Procura, la Arquitectura y la Arquitectura Técnica trasladaron a Elma Saiz la urgencia de completar la tramitación. En una declaración conjunta, señalaron el Consejo de Ministros del próximo martes, 20 de octubre, como una oportunidad para impulsar el reglamento, sin que ello suponga que su aprobación esté confirmada.
Estas instituciones sitúan en más de 150.000 los profesionales afectados y recuerdan que la reivindicación lleva más de tres años sostenida por asociaciones, plataformas y organizaciones de mutualistas. Advierten que, para quienes se aproximan a la edad de jubilación, disponer de unas reglas claras es fundamental para decidir sobre su futuro.
