El Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un completo informe en el que avala la aprobación de la Pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de miles de mutualistas que podrían cobrar una pensión pública. Durante el pasado mes de septiembre, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y su secretario de Estado, Borja Suárez, se reunieron con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, consiguiendo el compromiso por parte del Ejecutivo de que se iban a acelerar los trámites.
Después de pedir que el proceso “culmine con urgencia” antes de las elecciones del 29 de noviembre, este organismo ha elaborado un documento en el que ponen las bases jurídicas para confirmar que aprobar este reglamento es viable. Según las conclusiones del mismo, no hay impedimentos para que el Gobierno dé luz verde a esta normativa antes de los comicios.
Uno de los motivos es que la disolución de las Cortes Generales no afecta a la facultad regulatoria del Gobierno porque no está en funciones y podría aprobar un Real Decreto (RD) para el desarrollo de la Pasarela al RETA. Algo parecido a lo que ha ocurrido con los dos decretos de vivienda y de lo que se espera que pase en temas trascendentes como por ejemplo, el registro horario.
En el informe, fechado el 9 de octubre y que se puede consultar en su página web se explica que la disolución de las Cámaras sí afecta a la actividad parlamentaria y a aquellas iniciativas que están en tramitación pero no a los procedimientos administrativos “que dependen directamente del Gobierno” y por eso este reglamento “ni decae ni queda suspendido por la disolución de las Cortes”.
Con la ley en la mano, resaltan que “durante el periodo electoral no se establece una prohibición para la aprobación de disposiciones generales, las restricciones previstas afectan fundamentalmente a la comunicación institucional y la utilización de los actos públicos de difusión de logros o realizaciones pero no impiden que el Gobierno apruebe nuevas normas”.
Una tramitación urgente reduciría los plazos
El Consejo General de la Abogacía Española pone sobre la mesa la opción de solicitar una tramitación urgente del RD, prevista en la Ley del Gobierno y que podría reducir los plazos del procedimiento. Por ejemplo, bajaría a siete días hábiles el tiempo de audiencia e información pública, reduciría a la mitad los plazos de emisión de informes y daría 15 días para que se pronuncie el Consejo de Estado con un dictamen siendo este uno de los puntos principales del proceso.
“De acuerdo con el análisis realizado, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es posible que se complete la aprobación del RD antes del día 29 de noviembre (elecciones generales) cuando se adopten medidas de tramitación urgente y se encadenen los trámites sin demora”, destacan.
Por eso, concluyen que la aprobación de la Pasarela al RETA antes del 29 de noviembre es jurídicamente posible pero pide una tramitación “acelerada” y que se cumplan todos los plazos marcados.
Más de 150.000 personas podrían beneficiarse del nuevo reglamento
Para esta organización de abogados, la importancia del paso a la Pasarela RETA es fundamental para más de 150.000 personas y por ello, no es bueno quedarse sólo en los plazos. “Es una cuestión humana y de justicia”, han señalado. La regulación que se solicita va más allá del ámbito de los letrados, pasando a otros colectivos de modo que es una cuestión de “enorme trascendencia para el conjunto de la sociedad española”.
Piden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el que se encarga directamente de estas negociaciones, que no sigan dando largas ya que “cada día que pasa, profesionales que se encuentran en edad de jubilación están obligados a posponer decisiones sobre su futuro mientras esperan conocer el reglamento que haga efectiva su incorporación al RETA”.
“Ahora más que nunca, los profesionales de la abogacía tenemos que estar unidos y trabajar conjuntamente para una solución justa, digna y que dé respuesta a los compañeros afectados. No podemos permitir que la incertidumbre se prolongue indefinidamente, y por eso, reivindicamos que es imprescindible culminar de una vez por todas este largo proceso de pasarela al RETA. No hacerlo sería prolongar la situación de incertidumbre que afecta a más de 150.000 personas que llevan mucho tiempo esperando una respuesta”.
