El Gobierno de España vuelve a estar, una vez más, en el punto de mira de Donald Trump y sus administraciones. Las rencillas vienen de antiguo, y el inquilino de la Casa Blanca ya ha lanzado algunos dardos a Sánchez como por ejemplo, cuando sucedió la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta o en lo referente al gasto en Defensa. En el mes de abril, incluso, se llegó a filtrar un documento en el que se pedía la expulsión de España de la OTAN. A este historial hay que sumar ahora que la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), ha realizado una investigación tras la que ha concluido que el Gobierno de España ha incurrido en prácticas portuarias restrictivas contra los buques de bandera estadounidense.
Ha trasladado estos datos a la administración Trump, a quienes solicita que se imponga una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por viaje a los barcos españoles, pero además solicitan que se restrinjan las importaciones de productos de origen nacional. Esta medida afectaría directamente a perfumería, cosmética, aceites o grasas, cerámica y artículos relacionados con la piedra, el azúcar y la confitería, como recoge Europa Press.
La investigación comenzó en 2024
La agencia estadounidense, que entre sus funciones contempla el transporte y comercio por mar, arrancó en 2024 una investigación con la que determinar si España estaba creando condiciones desfavorables para el transporte por mar prohibiendo el acceso a sus puertos a determinados barcos y considerando que esto perjudicaba el comercio exterior.
Entre las conclusiones destacaba la que aseguraba que desde Madrid se había negado el acceso a los puertos a embarcaciones con bandera de EEUU por lo que se generaban “graves consecuencias” para la fiabilidad y la eficiencia de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.
El Gobierno de Sánchez, destacan, frenó la capacidad de la FMC para promover el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones estadounidenses, fomentando la puesta en marcha de una flota de barcos de línea regular con capacidad de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y de apoyar el comercio.
A partir de este momento, la agencia se centra en conseguir diferentes puntos de vista para lograr una solución adecuada, permitiendo a España presentar las alegaciones que considere oportunas.