Cuerpo evita poner fecha al nuevo registro horario y no asegura que sea en septiembre, aunque se aprobará “cuanto antes”

Mientras los sindicatos amenazan con abandonar las mesas de diálogo social si no se aprueba la norma, el ministro no asegura que la misma vea la luz en septiembre.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo |Europa Press
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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, no asegura que el nuevo registro horario vaya a aprobarse durante el mes de septiembre, después de que Trabajo y Economía acordaran en julio aplazar hasta este mes la tramitación de la norma. El ministro ha señalado que el Gobierno trabaja para llevarla al Consejo de Ministros “cuanto antes”, aunque todavía no existe una fecha concreta.

Según ha explicado Cuerpo durante el cierre institucional de la 40 edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, el proyecto todavía debe incorporar las observaciones formuladas por el Consejo de Estado. “Estamos en el proceso de contestar, de corregir ese proyecto en base a las observaciones propuestas por el Consejo de Estado”, ha señalado.

Según recogen desde Europa Press, el ministro ha destacado además que el registro horario es “uno de los proyectos clave también para avanzar en la reducción efectiva de la jornada laboral”. Sin embargo, al ser preguntado sobre si estará aprobado antes de que finalice septiembre, como reclaman CCOO y UGT, se ha limitado a responder: “Cuanto antes, en cuanto podamos”.

Trabajo niega discrepancias con Economía sobre el registro horario

Desde el Ministerio de Trabajo también han reiterado que el objetivo es aprobar la nueva regulación lo antes posible, aunque tampoco han concretado cuándo llegará al Consejo de Ministros.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la presentación de los datos del parto, celebrada este miércoles, que la fecha dependerá, entre otras cuestiones, de “la programación del propio Consejo de Ministros” y del resto de asuntos que tengan que abordar los diferentes departamentos.

Pese a este nuevo retraso, Pérez Rey ha negado que existan diferencias entre Trabajo y Economía sobre el contenido de la medida. “No hay ninguna dificultad entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo”, ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que ambos departamentos coinciden en la necesidad de “cuanto antes vigilar correctamente el número de horas que los trabajadores hacen”. El nuevo sistema de registro horario forma parte de las medidas impulsadas por Trabajo para reforzar el control de la jornada después de que la reducción legal del tiempo de trabajo encontrara dificultades para salir adelante.

CCOO y UGT amenazan con abandonar las mesas de diálogo social

Por su parte, los sindicatos ya mostraron su presión para que el decreto se apruebe de manera inmediata. Tanto UGT como CCOO han advertido de que dejarán de participar en las mesas de diálogo social si la regulación continúa paralizada.

“O el Consejo de Ministros aprueba el decreto ley de control horario o no vamos a participar en mesas de negociación”, advirtió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez el pasado julio.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también condicionó la continuidad de las negociaciones con el Ejecutivo a que la medida se materialice: “No vamos a alcanzar acuerdos con el Gobierno hasta que no se vea reflejado en un Boletín Oficial”.

La advertencia llega precisamente cuando Trabajo espera reactivar este mes algunas negociaciones con los agentes sociales, entre ellas la mesa para abordar la transposición de la directiva europea de transparencia salarial.

Por otro lado, Cuerpo se ha referido también a la próxima revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El ministro ha explicado que, como en ejercicios anteriores, el comité de expertos analizará hacia finales de año la evolución de la economía, los precios y la inflación antes de formular su propuesta. El objetivo, ha señalado, es evitar “una pérdida” para quienes cobran el salario mínimo o “un desacople con respecto al resto de trabajadores”.

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