El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la dotación de 180 millones de euros para subvenciones directas a las Comunidades Autónomas (CCAA) que estén declaradas como zonas de mercado residencial tensionado para que mejoren la oferta de vivienda de alquiler sostenible. La medida, que ha sido anunciada por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, pretende que baje el precio el alquiler y de este modo, facilitar el derecho a la vivienda de miles de personas a las que no les da con un sueldo (o una prestación) para cubrir el alto coste de vida derivado de la tensión inflacionaria.
El dinero va a llegar a 317 localidades declaradas zonas tensionadas y repartidas en 5 Comunidades Autónomas donde viven más de 9 millones de personas. Del total de esta ayuda, Cataluña será la que cobre la mayor parte con 119,4 millones de euros, que irán a los 271 municipios que han sido declarados como zonas tensionadas.
Luego está el País Vasco, con 31 millones para 18 localidades; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones; así como A Coruña, Santiago de Compostela o el Principado de Asturias, con 5,9 millones para 5 emplazamientos, como ha desglosado la ministra durante la rueda de prensa.
También ha señalado que el reparto de estos fondos es importante, porque se tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zonas tensionadas, como los esfuerzos que deben llevar a cabo las familias para poder pagar la renta todos los meses. La financiación, así, tendrá que ser más elevada en las zonas donde hay más ciudadanos afectados en una situación más precaria para hacer frente a las rentas.
Esto, ha apuntado la ministra, no supone que la situación de zona tensionada sea positiva en sí misma, sino que pide “medidas extraordinarias” como las que se están llevando a cabo como la limitación de las subidas del alquiler al terminar los contratos o las bonificaciones a los propietarios que bajen el precio.
Promoción de viviendas y búsqueda de alternativas habitacionales
Las CCAA deberán concretar a qué quieren destinar estas subvenciones, siempre y cuando las actuaciones se encuentren dentro de alguno de los siguientes ámbitos. Para empezar, la promoción y el desarrollo de viviendas, soluciones habitacionales alternativas o el destino al alquiler social o asequible. Todo esto independientemente de la calificación y de la titularidad del suelo. Los fondos que propone el Gobierno podrán subvencionar la compra de suelo para edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de las entidades dependientes y vinculadas con competencias en materia de vivienda pero también la urbanización de terrenos para uso residencial.
Luego, se contempla la compra de viviendas ya existentes y otras soluciones habitacionales que se podrán incorporar al alquiler social o asequible y para terminar se podrán destinar las ayudas a pagar los contratos de viviendas.
El Ministerio, ha explicado Rodríguez, ya ha previsto alguna de estas actuaciones en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas la medida de ampliar el parque de vivienda pública y que las administraciones paguen hasta el 80% de la compra de las ya construidas siempre y cuando vayan al alquiler sostenible.