David Sánchez ‘Azagra’, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha puesto de actualidad gracias a su condena de inhabilitación durante 9 años para cualquier cargo público, los derechos y obligaciones de los funcionarios y qué pasa cuando uno de ellos es apartado de su puesto por la Justicia. De hecho, la Audiencia Provincial de Badajoz ha aclarado que Sánchez no podrá ocupar cargo público alguno durante el periodo de sanción una vez que la condena sea pública.
Como adelantaba El País, el tribunal ya se ha pronunciado en una resolución publicada esta semana después de la condena por prevaricación administrativa emitida en julio. Ha sido por medio de una aclaración solicitada por varios cargos de la Diputación de Badajoz que quisieron saber sobre qué cargos o puestos recaen las penas de inhabilitación especial.
La SER explica que el auto no admite respuesta y se podrá recurrir en apelación a la propia sentencia. En este documento se matiza que en el caso del músico, la sentencia le deja sin la plaza en la Diputación (un puesto al que él mismo renunció) pero al mismo tiempo anula la posibilidad de que pueda conseguir el mismo puesto o cualquier otro en una administración pública durante el tiempo en que dura la condena. Esto es, los 9 años.
Qué dice el TREBEP en casos como el del hermano de Pedro Sánchez
El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) es un tema obligado en todas las oposiciones a las administraciones ya que en este texto se encuentran todas las respuestas a cualquier incidencia que pueda producirse dentro del empleo de los funcionarios o personal laboral.
En este caso, señala que en el caso de que la sentencia firme imponga una inhabilitación absoluta, el funcionario pierde la condición de tal respecto a los empleos y a los cargos públicos que tenga pero si esta es especial afecta al empleo o al cargo que aparezca identificado en la sentencia.
Supone que deje de tener los derechos que van innatos a este puesto como es el caso del sueldo, los complementos, permisos o vacaciones así como la carrera profesional o la reserva del puesto y promoción interna.
Aunque no puede acceder a un empleo público, esto no quiere decir que no pueda trabajar sino que tendrá que hacerlo en una empresa privada. Cuando se cumpla la pena no se recupera el puesto sino que deberá empezar de cero.
Un estudio reveló que la mayor parte de los funcionarios pierden su puesto por malversación
Un informe de Civio (año 2018) ya apuntaba a que en España, en torno a 500 funcionarios habían perdido sus plazas por condena firme desde 1996 y que de estos aproximadamente un centenar era por malversación.
Revisando el BOE (RD 2669/998) sobre la rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la AGE (Administración General del Estado) apunta a que existen tres supuestos que lo permiten que son haber recuperado la nacionalidad que permita el acceso, la desaparición de la incapacidad permanente que permitió la jubilación o que se haya cumplido la condena de inhabilitación.
La solicitud tendrá que presentarse ante el órgano competente y tendrá que incluir la causa y la fecha de la pérdida de la condición de funcionario, el último puesto ocupado y el supuesto de rehabilitación alegado. Dependiendo del caso habrá que adjuntar la documentación en la que se acredite la nacionalidad, realizar un nuevo reconocimiento médico o demostrar que se ha cumplido la condena.
La administración, según el BOE, tiene un plazo de 6 meses para resolverlo y si no se lleva a cabo, la solicitud se entiende estimada.