Se llama ‘The EU’s long-term budget for 2028-2034’ (que traducido al castellano es ‘Presupuesto a largo plazo de la UE para el periodo 2028-2034’) es un documento que se puede consultar ya en la web el Consejo de la Unión Europea (consilium.europa.eu). En este, se contemplan ciertas restricciones que, en caso de salir adelante, mermarían el presupuesto global en 141.000 millones de euros. La reducción que se ha puesto sobre la mesa supone un recorte de aproximadamente el 8% si se tiene en cuenta la primera de las propuestas.
Esta bajada en el presupuesto podría perjudicar a algunos programas de financiación de los que se está beneficiando España entre los que se encuentran los fondos para el desarrollo de las Comunidades Autónomas (CCAA), los programas de formación de trabajadores, las becas Erasmus+ de los estudiantes y algunos proyectos de investigación o infraestructuras.
La documentación con esta bajada presupuestaria llega desde la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea y fue presentada el pasado 10 de octubre. En ella se contempla un presupuesto total del 1,62 billones de euros para 7 años, que contrastan con los 1,76 millones que, en un primer momento, puso sobre la mesa Bruselas. Aunque es una subida con respecto al presupuesto en vigor, reduce el dinero que la CE tenía previsto para desarrollar determinadas políticas comunitarias.
Los puntos se encuentran recogidos en el documento 13922/26 del Consejo de la Unión Europea que cuenta con 51 páginas en las que se explica con todo detalle el reparto de los recursos y cuánto dinero iría a cada programa.
Queda claro, eso sí, que es sólo una propuesta y que se encuentra en fase de negociación, y además, no establece cuánta financiación perdería España. El Consejo Europeo deja claro que el texto no es vinculante con una frase muy clara: “nada está acordado hasta que todo esté acordado” (“nothing is agreed until everything is agreed”), una sentencia que ya aparecía de modo premonitorio en el documento presentado en septiembre de 2025.
Las ayudas de la PAC no están afectadas por el recorte
Uno de los bloques presupuestarios que aparecen en este documento es el que engloba los datos correspondientes a las llamadas ‘políticas de cohesión económica, social y territorial’ entre las que se encuentran también las relativas a la agricultura, desarrollo rural, pesca y seguridad. En principio, se destinaban 946.404 millones de euros pero en la propuesta irlandesa se baja esta cuantía a 914.179 millones, esto es 32.225 menos (el 3,4%).
En el caso de España, de salir adelante estas cuentas se verían afectados determinados proyectos como son por ejemplo, las actividades de formación para el empleo o las ayudas destinadas al campo. En este último caso, hay que resaltar que las ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) están protegidas frente a los recortes ya que se mantiene una financiación mínima de 261.013 millones de euros.
En el texto no aparece una bajada en el dinero que se destina a estas ayudas pero no se publica el reparto entre los Estados miembro. La ayuda prevista por hectárea estaría entre 90 y 240 euros en precios corrientes según el estado miembro. Se plantean reducciones progresivas para algunos beneficiarios con porcentajes del 15%, 25% y el 50% y una limitación de 300.000 euros al año.
¿Cuánto quedaría para las Comunidades Autónomas?
La propuesta irlandesa contempla determinados fondos para la cohesión económica, territorial y social donde se podrían enmarcar las Comunidades Autónomas en el caso español. En la página 51 del texto, la partida establecida pasa de 404.877 millones de euros a 410.080 millones, aumentando respecto a la primera propuesta.
Y ¿qué se financia con esta cuantía? Para empezar, las políticas de empleo, inclusión social o desarrollo profesional y regional. El 14% de algunos de los recursos que contempla este Fondo Europeo deberá destinarse a la consecución de los objetivos sociales. Ahora bien, estos datos iniciales no quiere decir que el recorte, efectivamente, se vaya a producir ya que hay que recordar como se ha asegurado anteriormente, que está en fase de negociación.
Becas Erasmus y ayudas para las empresas
Hay un punto que se encuentra afectado notablemente por los recortes que se proponen desde Irlanda y este es el de la competitividad, investigación, tecnologías y seguridad. La rebaja en este bloque va desde los 522.205 millones de euros que se prevén inicialmente hasta los 455.600 millones, una reducción de 66.605 millones (13%).
Este programa contempla programas de los que se beneficiarían algunos estudiantes, determinadas universidades, proyectos de investigación o empresas en España. Uno de estos es el conocido como Becas Erasmus+ que paga estancias educativas, formación y movilidad internacional. Por parte de la CE se habían previsto 31.186 millones de euros para este programa, y con la nueva propuesta se recorta a 34.173 millones, 1.473 millones de euros menos.
Pero este dinero sigue siendo más elevado que el que se destinó al periodo 2021-2027 según se recoge en este documento y esto no quiere decir que haya menos becas sino que cuando se programen las del siguiente periodo, este aumento será más bajo del esperado.
En la misma situación se encuentra el Programa Horizonte Europa, que está destinado a la investigación e innovación que contaba con 154.882 millones de euros y ahora pasa a 140.000 millones (-14.882 millones). Luego está la financiación de proyectos para empresas que están relacionados con la industria, las nuevas tecnologías, la seguridad o la transición energética que a pesar de ser uno de los pilares fundamentales en los que se han apoyado los Fondos Europeos, bajan el presupuesto de 397.753 millones a 355.911 millones.
Cuándo se aprobarán estos recortes
De momento, ninguna de las reducciones que plantea este documento es oficial porque tendrán que pasar por el Marco Financiero Plurianual que necesita el voto unánime del Consejo y posteriormente el del Parlamento Europeo. La idea de las instituciones comunitarias es que se llegue a un acuerdo antes de que termine este año para que se pueda contar con las nuevas normas en 2027 y en este caso, el nuevo presupuesto entraría en vigor en enero de 2028.
España debería elaborar un plan propio con participación de todas las administraciones con competencia en presupuestos para que de modo conjunto se establezcan las inversiones y las reformas que se pretenden financiar con el dinero procedente de Europa.
Igual que se ha podido comprobar este año, el pago de los fondos está supeditado a que se cumplan los hitos y los objetivos que correspondan. Además, se incluye una subvención mínima de 195.024 millones de euros para las regiones menos desarrolladas del conjunto de la UE y para mecanismos de financiación específicos en zonas rurales y actuaciones sociales.