El Tribunal de Cuentas manejaba algunos indicios que apuntaban a que por parte del Gobierno de España se estaba empleando dinero procedente de los Fondos Europeos para el pago de pensiones y otros gastos corrientes. Este informe fue presentado en el Parlamento por la presidenta de este organismo, Enriqueta Chicano, y apuntaba a unos 2.400 millones de euros de crédito sobrantes de Fondos Europeos para el abono de las pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas a consecuencia de que no hay aún Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Ahora, Eurostat ha dado a conocer nuevos datos una vez que ha terminado el plazo de actuación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y es que España ha destinado 10.238 millones de euros procedentes de estas subvenciones a financiar el gasto corriente entre 2021 y 2025. Esta cantidad es un 23% del total de 44.652 millones de euros que se han registrado como costes financiados por este programa hasta el cierre del ejercicio.
Uno de los mayores expertos en estos fondos europeos, Santiago Sánchez, aseguró en ‘Demócrata’ que “recibir el dinero de Bruselas no significa que se haya gastado y mucho menos que se haya transformado la economía”. Ahora bien, los datos muestran que no todos los recursos se han destinado a formación de capital (proceso de destinar recursos a crear, adquirir o mejorar activos productivos que generarán bienes y servicios en el futuro) o a inversiones.
Al hablar de gasto corriente, no se hace referencia al gasto improductivo (desembolso de dinero o recursos que no genera valor adicional) pero tampoco quiere decir que 10.238 millones se hayan destinado al pago de las pensiones. Porque aquí podrían aparecer otros conceptos como formación, asistencia técnica, servicios, consumos intermedios o costes de personal que están ligados a las reformas del Plan de Recuperación.
Estos datos se pueden consultar en el informe ‘The Recovery and Resilience Facility’, que ya está disponible en la web de Eurostat.
Gasto corriente e inversiones van por separado
Este informe publicado por el organismo europeo explica cómo la formación bruta de capital recoge las inversiones realizadas por las administraciones y las transferencias de capital incluyen las ayudas a entidades ajenas al sector público para financiar las inversiones. En el conjunto de la Unión Europea, el 27% de las subvenciones que se han ejecutado entre 2020 y 2025 eran inversión directa, el 45% transferencias de capital y el 27% restante a gasto corriente. El 1% restante se destinó a otras operaciones, y España está por debajo de la media europea en este concepto, con un 23%.
Pero estos datos no se pueden extrapolar de un modo directo al funcionamiento de este Mecanismo de Recuperación porque a diferencia de otro dinero procedente de Europa, los de Bruselas no reembolsan una cuantía concreta sino que se consiguen cuando el Estado que se va a beneficiar de ellos cumple con unos objetivos.
Eurostat explica que no hay una correspondencia automática entre el dinero que pasa la Comisión Europea (CE) y la puesta en marcha de una inversión determinada, pero los Estados deberán acreditar que se cumplen las reformas o las inversiones que han puesto en sus planes.
Y por eso, para que una partida se contemple como gasto corriente no quiere decir que sea irregular o que se haya empleado para una finalidad diferente a las que impone este Plan de Recuperación pero podría abrir el debate sobre qué parte de los fondos va a dejar activos productivos (bienes, recursos o herramientas que se emplean de manera activa para generar ingresos o rentabilidad de forma recurrente).
Un informe del Tribunal de Cuentas alertó de 2.389 millones para pagar pensiones
En el caso de las pensiones al que se ha hecho referencia al comenzar este artículo está contemplado en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 aprobada por el Tribunal de Cuentas. Este órgano constató que los problemas para poder abonar las pensiones de clases pasivas o los complementos a mínimos (derivados de la falta de PGE y la prórroga de los de 2023) llevó al Ejecutivo a autorizar en el mes de noviembre de 2024 dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros.
Se financiaron con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y por parte del Gobierno se consideró que el movimiento no ponía en compromiso ni el Plan ni la capacidad para conseguir Fondos Europeos.
El Tribunal de Cuentas, no obstante, no aseguró que este gasto corriente que aparecía en el informe de Eurostat se dedicase al pago de las pensiones pero sí puso en duda el fundamento de esas operaciones explicando que debería haberse justificado mejor.
El papel de los PGE en la polémica está definido
La necesidad de recurrir a las modificaciones está relacionada con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ya que los que se encuentran en vigor datan de 2023 y no contemplan el aumento de gasto en pensiones.
BBVA Research ha publicado otro estudio ‘¿Cómo va la ejecución de los fondos NGEU?’ (se puede consultar en este enlace) donde apuntan que hasta finales de junio se habían adjudicado el 78% de las inversiones previstas mediante transferencias con una suma de 62.726 millones de euros.
Destaca otros puntos que la productividad por trabajador no ha mejorado y que la finalización del programa podría frenar la inversión en este campo. Sin este dinero, sectores como la construcción no residencial contará con un 8% menos de inversión.
Hay que diferenciar dos puntos, el primero los 10.238 millones de gasto corriente que están unidos al Mecanismo de Recuperación sin que sea identificable con el Mecanismo de Recuperación sin que sea identificables a las pensiones ni considerado irregular.
Pero, por otro lado el Tribunal de Cuentas encontró una operación específica de 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes para cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con las pensiones cuestionando la que justificación jurídica fuese clara.