El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy ha trasladado a dos conocidas plataformas inmobiliarias la exigencia de retirar 8.318 anuncios de alojamientos turísticos camuflados como alquiler de temporada, ya que incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) modificada posteriormente por el RDL 29/2026 aprobado el 6 de octubre en Consejo de Ministros y que ahora está a la espera de pasar por la Diputación Permanente.
Ha sido la Dirección General de Consumo la que ha identificado más de 8.300 anuncios que serían ilícitos ya que publicitaban alojamientos turísticos como viviendas de temporada para las que están permitidas reservas por menos de 31 días (un mes), que es la duración mínima para estos contratos que establece la ley tras los cambios más recientes.
Las infracciones se localizan por toda España pero con más incidencia en la Comunidad de Madrid con 6.772 en total de los que 6.523 están en la ciudad. La actuación ha sido posible gracias a que el Consejo de Ministros aprobó en la primera semana de octubre una norma especial para que no se pudieran llevar a cabo estas ofertas fraudulentas, que es el RDL 29/2026 donde entre otras medidas se limita la oferta de alquiler de temporada a 31 días.
El Gobierno considera que estos anuncios son engañosos para los consumidores y que suponen una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Las plataformas afectadas, que son dos según el Ministerio, ya han sido informadas y en el caso de que no retiren los anuncios o bloqueen el acceso podrán ser expedientados.
Sanción de 64 millones de euros a Airbnb
Consumo ya ha sancionado a la plataforma Airbnb con 64 millones de euros por ofertar miles de alojamientos turísticos que no estaban cumpliendo con la normativa y con lo que se consiguió que más de 65.000 anuncios desaparecieran del portal. Booking por su parte, eliminó 4.000 viviendas que no estaban anunciadas conforme a la norma.
Además, Alquiler Seguro también fue sancionada con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra los inquilinos. En este sentido, Consumo alertó de 6 infracciones muy graves y una grave que vulneraron los derechos de los consumidores y, con este motivo, concluyen desde el Ministerio, se ha abierto un expediente a “una gran inmobiliaria” que alquila “miles de inmuebles en toda España”.