El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas ha resaltado que las medidas de apoyo a los sectores agrarios y pesquero que se han puesto en marcha como consecuencia de la aplicación del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio ya han alcanzado los 1.174 millones de euros una vez que se han aprobado las dos prórrogas acordadas por el Gobierno.
La intención es la de ayudar a los agricultores a que hagan frente a los costes de producción que ha provocado esta crisis, como han explicado desde el Ejecutivo. Las medidas se han puesto en marcha gracias a la aplicación del Real Decreto Ley (RDL) 7/2026 del 20 de marzo (que se puede leer en este enlace). A esta ayuda hay que sumar los 50.174.300 euros de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE) cuyo reparto entre las CCAA se ha acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministerio ha apostado por entregar los recursos europeos a las diferentes Comunidades Autónomas para que sean ellas quienes complementen los apoyos ya existentes y atiendan a las necesidades específicas de los territorios. Los fondos deben usarse para compensar la subida de precio de los costes de los fertilizantes, de la energía o de los dos, teniendo en cuenta que se ha perdido dinero en las explotaciones.
Cada CCAA determinará quiénes son los beneficiarios
Una de las particularidades de este reparto es que contar con 50,1 millones de euros no quiere decir que cada agricultor reciba el mismo dinero. Cada CCAA será la que determine los sectores, las superficies y los beneficiarios a los que va dirigida la asignación, en función de las necesidades que encuentre. De este modo, algunas explotaciones que no hayan conseguido una ayuda del Estado o cuyos propietarios hayan registrado pérdidas podrán beneficiarse.
La subvención cubriría hasta el 100% del gasto extra en fertilizantes y energía aunque, como señalan en un comunicado emitido por el departamento de Planas, se deberán evitar las situaciones de sobrecompensación en el caso de que se hayan recibido otros apoyos tanto nacionales como de la UE para afrontar los mismos gastos.
Las autonomías podrán incorporar fondos propios por un importe de hasta el 200% de la asignación europea, por cada euro recibido de la reserva agrícola, se podrán sumar dos más de financiación autonómica.
Los fondos se deben pagar hasta el 28 de febrero de 2027
El reparto territorial se ha calculado teniendo en cuenta la superficie agraria útil de 2024 que se ha comunicado a Eurostat y según el Ministerio gracias a este criterio se podrá emplear una fuente estadística oficial y común para todas las comunidades, sin dejar de lado ninguna orientación productiva.
Castilla y León es la que cuenta con la asignación más alta, con 10,39 millones de euros, seguida de Andalucía con 9,93 millones, Castilla La Mancha con 8,99 millones y luego estarían Extremadura con 5,86 millones y Aragón con 4,54 millones. Todas estas CCAA ya han expresado el interés que tienen en emplear estos fondos y que están de acuerdo con el dinero que se les ha asignado.
España comunicó a la CE el pasado 30 de septiembre cuáles eran las condiciones que cada CCAA. Estas ayudas tendrán que pagarse antes del 28 de febrero de 2027 y van con cargo a la reserva agrícola. Para los apoyos adicionales que las CCAA paguen con su propio dinero, el plazo se amplía hasta el 31 de mayo de ese año.