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El Gobierno limitará el bono joven al alquiler

El Ejecutivo deberá acotar los requisitos de acceso a una de las medidas estrella de la nueva ley de vivienda para evitar sobrecostes más allá de los 200 millones de euros inicialmente destinados a ello.

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Javier Martín
Javier Martín
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Aún no es oficial, pero el bono joven de ayuda al alquiler, una de las medidas estrella de la nueva ley de vivienda que ha tardado en poner de acuerdo dos años a PSOE y Unidas Podemos, ya genera polémica. Poco se sabe, más allá de lo avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del I Foro Urbano de España sobre esta ayuda al alquiler que regresa diez años después.

A falta de los detalles específicos que verán la luz una vez sea aprobada esta norma legislativa en Consejo de Ministros, lo que se conoce del bono joven es que pueden optar a los 250 euros mensuales en los que se cifra su cuantía aquellos con un rango de edad entre 18 y 35 años y que no presenten rentas superiores a 23.725 euros anuales. Además, en el caso de familias, ese importe podrá aumentar hasta un 40%.

Requisitos, estos, de los que se infiere que podrían cumplir más allá de las previsiones iniciales: de 40.000 a 50.000 personas en las que el presidente cifró una ayuda para la que se han marcado ya una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y que, consecuentemente, se dispararía más allá de ese importe estimado. Por tanto, el Ejecutivo deberá estrechar el cerco sobre su acceso si no quiere ver comprometida su economía por el ingente número de demandantes.

Habrá más requisitos de acceso al bono joven al alquiler

Resulta irremediable adelantar, de esta manera, que se endurecerán los requisitos de acceso al bono joven al alquiler de los que hasta el momento se conocen. Por realizar una aproximación, si se hacen cuentas: casi cinco millones de jóvenes en 2019 los cumplían, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque Olga Cantó, economista de la Universidad de Alcalá de Henares, se aventura a realizar sus propias estimaciones actuales. Existen 1,74 millones de personas de 18 a 35 años que mantienen una casa, de los que 1,28 millones podrían acceder a la ayuda que se avecina por presentar ingresos menores que límite exigido.

De ellos, 586.590 estarían pagando el alquiler para el que se destina la ayuda, del que habría que disminuir la cifra hasta los 334.944 si el Gobierno acaba contando con las rentas familiares como factor excluyente. Una cifra más de diez veces mayor que las adelantadas por Pedro Sánchez.

Más teniendo en cuenta que uno de los focos es adelantar la edad de emancipación, ahora de más de 29 años, y acercarla a los 26,4 de la Unión Europea. Preocupante es el porcentaje que atañe a los jóvenes con rango de edad entre 16 y 29, de los que solo el 15,8% consiguen independizarse con éxito. Entre 30 y 35, este sube el 70%, según el Consejo de Juventud de España.

El ejemplo de la Renta Básica de Emancipación

En 2009, la ministra de Vivienda Carme Chacón impulsó la última medida de ayuda al alquiler específica conocida: la Renta Básica de Emancipación. 210 euros mensuales, 40 menos que el bono joven que se ultima ahora, y que fueron recibidos con entusiasmo en plena recesión económica. A pesar de contar con requisitos de acceso mucho más restringidos, como los 22 a 30 años de edad y 22.000 como tope de ingresos, tuvo casi 320.000 beneficiaros. Es decir, casi ocho veces más que las previsiones gubernamentales.

Críticas y recelo

“Entendemos que es necesario priorizar otro tipo de políticas, como la creación del parque público de vivienda”, declaraba Adrià Junyent, vicepresidente del CJE, que tildó la medida de “bono parche”. Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos, alertó de que la medida puede llegar a ser contraproducente: “Hay que tener cuidado, porque en 2007 se hizo algo parecido, y subió el alquiler al conjunto de la población, no solo a los jóvenes”.