La Seguridad Social debe ya casi 100.000 millones de euros. Concretamente, el Banco de España cifra en 93.854 millones la deuda del sistema de seguro de salud pública nacional, según sus últimos datos publicados, en base a los estudios e informes elaborados al cierre del mes de noviembre.
Por tanto, desde que Pedro Sánchez llegara a mediados de 2018 a la presidencia del Gobierno, ha crecido hasta un 170%. Una tendencia al alza y que parece no tener frenos en la última década, incluso acelerada desde que el PSOE y posteriormente su coalición con Unidas Podemos llegaron a La Moncloa.
El PP de Mariano Rajoy al mando ya comenzó a alimentar la deuda, pero la bola se ha hecho enorme en un corto plazo de tiempo. A los algo menos de 35.000 millones de euros en los que se cifraba el pasivo a la salida del expresidente, se han sumado casi 60.000 millones. Casi el doble en algo más de tres años, a lo que suma un descubierto de 1,426 billones de euros del total de las Administraciones.
Escrivá culpa a la pandemia la deuda de la Seguridad Social
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado la llegada de la pandemia de Covid como el causante del aumento del pasivo de la Seguridad Social. A su juicio, los desmesurados y coyunturales gastos de los últimos casi dos años han producido un efecto catalizador. Por tanto, las prestaciones, las ayudas y, por supuesto, los menores ingresos nacionales se deben tomar como atenuante en el fenómeno.
Algo que tiene poca objeción, pero cuya explicación no acoge los más de 20.000 millones de euros en los que creció el débito en prácticamente año y medio. El tiempo entre que Pedro Sánchez asumió la presidencia y algo más de dos meses antes de que el coronavirus de Wuhan hiciera acto de presencia en España.
Aun así, desde el Gobierno no niegan lo desmesurada de la deuda. Motivo por el que Escrivá adelantó que se va a llevar a cabo este mes de enero una “auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social” que abarcará los años comprendidos entre 1967 y el 2019, ambos incluidos.
Sin embargo, no se contempla como el momento “óptimo”, en plena fase clave de la recuperación económica tras los estragos de la pandemia, para llevar a cabo ese plan de reducción de deuda a medio plazo que sea “fiable” y “factible” que han pedido al Ejecutivo el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El abuso de los créditos del Estado, uno de los motivos
De vía de escape excepcional, el Gobierno se ha visto en la tesitura de convertir a los créditos estatales en norma habitual de financiación ante la incapacidad del sistema para afrontar sus obligaciones económicas. Más aún después del hachazo a la hucha de las pensiones en las dos últimas legislaturas.
En ese lapso se han dilapidado casi 66.000 millones de euros, dejando tiritando el Fondo de Reserva al que tampoco se puede acudir. Las medidas planteadas por Escrivá, por el momento, son calificadas como cortoplacistas e insuficientes por los expertos.
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