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Falsos autónomos: Así se fraguó la multa millonaria de Trabajo a Glovo

El ministerio de Yolanda Díaz se apunta la primera gran sanción de la Ley Rider a Glovo: 79 millones de euros y la obligación de regularizar a 10.600 de sus trabajadores.

Falsos autónomos: Así se fraguó la multa millonaria de Trabajo a Glovo
Trabajadores de Glovo como falsos autónomos.
Javier Martín
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Yolanda Díaz 'pincha' el Glovo. La empresa de 'delivery', es decir, de servicio a domicilio, ha pasado a estar en estado crítico después de la primera estocada de la Ley rider que le ha asestado el Ministerio de Trabajo. Se trata de una multa de 79 millones de euros y la obligación de regularizar a 10.600 de sus trabajadores.

"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección", señaló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ayer miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados, después de los veredictos de la investigación, desarrolladas entre mayo de 2018 y agosto de 2021. Pero, ¿cómo se ha ido fraguando esta multa?

Hay que recordar que las dos inspecciones llevadas a cabo en Barcelona y Valencia, tal y como pudo comprobar la Cadena SER en el mismo expediente, se produjo en el marco legal anterior al actual, según la empresa. Al contrario de lo que asevera Díaz, contra la que se esperan paros y protestas por parte de la plataforma, según avanza ‘Europa Press’.  Esto ha destapado fraude laboral de falsos autónomos de 8.331 trabajadores en la Ciudad Condal y 2.283 trabajadores más en la capital valenciana.

Además, desde NoticiasTrabajo se ha consultado a la inspectora de Trabajo, Ana Ercoreca, pasa saber si más empresas de servicio a domicilio iban a ser inspeccionadas. "Afectará a todas aquellas en los que sus trabajadores estén mal encuadrados, que estén como trabajadores por cuenta propia cuando deberían estar contratados por cuenta ajena", ha expresado.

Así es la primera multa de la 'Ley rider'

La Inspección de Trabajo indica que "la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio". En otras palabras, una infracción de "falsos autónomos que dependen y son ajenos" a Glovo y que debería haberlos incluido en nómina como exige la Ley rider.
 
Yolanda Díaz ha acusado a la plataforma de servicio a domicilio de vulnerar los derechos laborales de sus empleados y de "obstruir" la labor de la Inspección de Trabajo. Es "gravísimo" en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las empresas "tienen que cumplir la ley", concluyó.
 
Glovo ha reconocido que los 79 millones de euros de la sanción total, que debe confirmar la sentencia judicial, se desglosan en el fraude de ley al operar con “falsos autónomos” y el pago de las correspondientes cotizaciones. En Barcelona, condena a 39 millones de euros por el primer concepto y 24 millones por el segundo; mientras que en Valencia, 10,7 y 5 millones, respectivamente. A ello se añaden 2.500 euros de multa por obstrucción a la Justicia.
 
Es la multa más cara jamás interpuesta en el país por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la plataforma ‘Riders por Derechos’ exige penas de cárcel para los que cometan esta infracción, como sucedió con dos dirigentes de Deliveroo a los que la justicia francesa condenó a dos años de prisión.

Glovo desafió la Ley rider: esta es su multa

Los 79 millones de euros suponen una dura estocada para la empresa, que inicialmente se opuso a regularizar la situación de sus repartidores falsos autónomos y posteriormente solo lo hizo con 2.000 en julio. Glovo, que recientemente fue adquirida por el grupo alemán Delivery Hero por 2.300 millones de euros, perdió en 2021 un total de 474,8 millones, quintuplicando sus números negativos.
 
Pero la contrapuso con una facturación récord que se elevó hasta los 590,9 millones, un 64,2% más. Su situación ahora es comprometida, a tenor de las pérdidas operativas anticipadas de 330 millones en 2022, a lo que se suma la multa y los costos asociados a los cambios que exige.

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