El Gobierno sólo garantiza a los funcionarios que MUFACE siga esta legislatura

El Gobierno sólo garantiza a los funcionarios que MUFACE siga esta legislatura

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tranquiliza a los funcionarios beneficiaros de la sanidad privada asegurando la continuidad de las mutuas al menos hasta 2023.

Javier Martín
Actualizado a:

Frenazo en seco a la tentativa de Unidas Podemos de acabar progresivamente con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como MUFACE y que otorgaba a los funcionarios del Estado la posibilidad de elegir entre sanidad privada o Seguridad Social.

Después de que la formación morada anunciara estar elaborando una Proposición No de Ley (PNL) para acabar con esta atención sanitaria diferenciada que, a su juicio, resultaba una “fuente de inequidad” e “incompatible con la defensa de un modelo de sanidad pública y universal, el Gobierno ha asegurado que MUFACE no corre peligro. Al menos en esta legislatura, que finaliza en 2023.

Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la última fractura surgida en el bloque de mando de coalición junto al PSOE después de los capítulos del fuego cruzado en el debate sobre cómo atajar la factura de la luz más cara de la historia o el de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Tranquilidad para MUFACE y los funcionarios

Un espaldarazo, por tanto, a la mutualidad sanitaria con más peso en el Estado. De ella se benefician, según las últimas estimaciones, cerca de dos millones de personas, tanto como titulares como beneficiarios directos. El apoyo del bloque socialista en el Ejecutivo se cimenta en plan de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en el que María Jesús Montero ha asegurado que en ningún momento se puso encima de la mesa la exclusión de las mutualidades. También para ISFAS, la correspondiente a las Fuerzas Armadas, y MUGEJU, para el poder judicial.

Se desmarcan así de la postura de Podemos, que en plena pandemia, con la alianza Carolina Darias, al mando del Ministerio de Función Pública, y Salvador Illa, al de Sanidad, ya tenía a Ione Belarra deslizando sus primeras propuestas para iniciar los trámites al respecto. Sin embargo, el apretón de manos Pedro Sánchez- Pablo Iglesias que formalizaba el mayor acuerdo de la legislatura, allá por 2019 en los Acuerdos del Gobierno, no mencionaba nada al respecto. Y de hecho, ni Darias, ni Illa, ni actualmente Miquel Iceta, como ministro de Cultura y Deporte, han sido tan explícitos como los morados.

Pero no solo respira aliviado, de momento, las mutualidades. También, por consecuente, los usuarios de estas, que comenzaban a verse abrumados por la incertidumbre de qué destino tomarían sus coberturas de asistencia sanitaria, con sus correspondientes cambios en la terminología y el procedimiento. Por no mencionar a aquellos que tuvieran tratamientos o se beneficiaran de prestaciones en curso. Un laberinto al que tendría que hacer frente el Estado.

La importancia de MUFACE

Más allá de resultar un eje vertebrador de importancia por sus seis vías de ejecución en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se encuentra inmerso el Gobierno para cumplir con los estándares ecológicos y digitales que impone la Comisión Europea, María Jesús Montero se ha encargado de resaltar su importancia. Sobre todo de MUFACE, mostrando el total apoyo gubernamental a la hoja de ruta trazada por la organización para los años 2021, 2022 y 203.

Pero no solo por ello. Trasvasar a los tres cuartos de funcionarios que han elegido la opción de la sanidad privada de las mutualidades a la Seguridad Social supondría una sobrecarga en Sistema Nacional de Salud. Un hecho que supondría un riesgo extremo de colapso tras los estragos producidos por la pandemia de covid-19 y que comprometería seriamente la calidad de la asistencia sanitaria. Según Salud, si las listas de espera para operaciones se cifran ahora en torno al mes, pasarían a ser de medio año.

Aunque la onda expansiva de la propuesta de Podemos sería devastadora, donde más, en lo económico. Si entidades como DKV, Asisa o Adeslas, con enormes plantillas y servicios a su disposición, se verían heridas por un descenso sideral en sus usuarios y con dificultades para sobrevivir, el agujero en la cartera estatal sería único, con unas estimaciones de aumento de gasto de 800 millones de euros más.